07 de septiembre de 2015
07.09.2015

El PSOE exige al Gobierno más dotación policial y judicial para investigar casos de corrupción

El diputado Herick Campos pide en dos enmiendas a los Presupuestos del Estado quince nuevos juzgados y alude a los casos Brugal y Gürtel

07.09.2015 | 02:49

El PSOE ha exigido al Gobierno una mayor dotación policial y judicial en la Comunidad Valenciana, que permita, según los argumentos esgrimidos, investigar de forma adecuada los casos de corrupción. La petición ha sido realizada por parte del diputado socialista por Alicante Herick Campos, en forma de dos enmiendas de adición al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2016. Una de ellas se refiere de manera específica al aumento de agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Judicial, mientras que la segunda insta a la creación de nuevos juzgados.

En la primera enmienda, Campos pide al Gobierno que tome «las medidas de coordinación y presupuestarias necesarias» para aumentar la plantilla policial en la Comunidad hasta alcanzar el número de agentes «existente en diciembre de 2011». También se alude de manera concreta a los efectivos y medios «asignados a los casos Gürtel y Brugal», atendiendo a «las peticiones formuladas por jueces y fiscales». Asimismo, requiere que se haga «entrega a los jueces y fiscales de toda la documentación requerida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el caso Brugal», antes del 1 de enero de 2016. Otro aspecto al que se alude es al refuerzo en verano de los efectivos en las zonas turísticas de la Comunidad.

Por otra parte, en el aspecto judicial, Campos pide que el Gobierno estudie con la Generalitat «cómo retomar la implantación de los 15 juzgados que quedaron pendientes por la infrafinanciación» del ejecutivo autonómico. La fórmula para llevarlo a cabo sería un convenio, que incluyera «inversiones directas del Gobierno» para la puesta en marcha de esas nuevas sedes judiciales. El diputado también alude aquí a la necesidad de dar respuesta a «las peticiones formuladas por la Generalitat y el Consejo General del Poder Judicial de refuerzo de magistrados o fiscales, así como de Policía Judicial para atender el colapso generado por casos de corrupción». También se exigen inversiones en los registros civiles con «demoras en la atención al público superiores a la media nacional».

Campos explica, ya fuera de los textos de estas peticiones, que ha optado por realizarlas a través de los Presupuestos Generales del Estado porque, si se aprobaran, tendrían rango de ley y «automáticamente se tendrían que cumplir». No obstante, muestra su escepticismo hacia un hipotético –y necesario– apoyo parlamentario del PP, ya que, según sostiene, existe una «estrategia predeterminada para que lleguen las elecciones y no se haya resuelto el tema», de forma que se dilaten las investigaciones y los procesos judiciales.

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