El mejor verano de los últimos diez años en cuanto a afluencia de turistas a la Costa Blanca no va a ir acompañado, sin embargo, de un resultado similar en la facturación económica debido, en parte, a que los visitantes han llegado con las carteras más apretadas y, sobre todo, por el espectacular aumento de la oferta alegal de alojamientooferta alegal de alojamiento, que se ha disparado impulsada por la crisis del ladrillo derivando al «alojamiento sumergido» cientos de apartamentos que no encontraron comprador, tanto usados como de nueva construcción, según revela un informe de la consulta Nielsen para la patronal turística Exceltur.
En municipios de la provincia como Alicante este tipo de oferta supera ya, incluso, a la reglada, como lo certifica el trabajo de Exceltur. En la capital de la provincia se contabilizan un total de 22.833 plazas (hoteles, apartamentos, hostales y cámpings) de las que el 55% (11.853) escapan al control de la Generalitat. Este verano la elección de este tipo de alojamiento ha crecido un 20% en relación a 2014, lo que, sin embargo, no se traduce en turistas nuevos, ya que los apartamentos y viviendas de este tipo absorben una parte de los visitantes que, de no existir, seguirían acudiendo a las plazas regladas, las que sostienen más empleo y, por ejemplo, ingresos al Estado.
El estudio de Exceltur apunta, además, que la proliferación del alojamiento irregular provoca, incluso, la expulsión de los residentes en las zonas donde prolifera debido al encarecimiento de los precios de la vivienda. Por otro lado, el aumento de este tipo de alojamiento tiene una repercusión directa en la destrucción de empleo. Cien plazas regladas generan, según los autores del trabajo de Exceltur, 53 puestos de trabajo entre directos e indirectos. En el caso contrario, la cifra se reduce a 9,8 empleos.
Por otra parte, el informe de la consultora Nielsen para la patronal revela que una plaza reglada produce 24.115 euros al año, por los 4.932 de la que escapa al control de la Administración. El 60% de los turistas extranjeros que ha llegado este verano a la Costa Blanca se aloja en apartamentos alegales, una actividad, a caballo entre la economía sumergida y el alojamiento colaborativo (intercambio de viviendas), imposible de regular. Y eso que en estos momentos sólo tres plataformas controlan el 65% del alojamiento no reglado en España con cerca de 600.000 plazas.
Exceltur, que agrupa a las principales empresas del sector turístico español, reclama, en este sentido, un nuevo marco legal para afrontar los efectos negativos del creciente alquiler de viviendas para uso turístico, impulsado por las nuevas plataformas de internet con las que, según la patronal hotelera Hosbec, habría que sentarse a hablar «para comenzar a regular este actividad. Por ejemplo, pidiéndoles que notificaran los nombres de los clientes alojados como hacemos con los de los hoteles», apuntan fuentes de la patronal alicantina.
Quebranto económico
Esta oferta sumergida de alojamiento turístico en la Costa Blanca produce un quebranto económico de 200 millones de euros al año a las arcas del Estado, del total de 800 millones en España. En concreto, por las partidas que deja de ingresar el Ministerio de Hacienda en concepto de IVA y los ingresos que no declaran los propietarios de las viviendas que las alquilan sin declarar la actividad.
La oferta se ha disparado en los últimos años y el estudio advierte también de que el gasto de los usuarios de este alojamiento es un 50% por ciento menor que el de un turista convencional. Repercute también en el empleo. Cien plazas regladas generan 53 puestos de trabajo al año. Las mismas, sumergidas, sólo diez empleos.
La Costa Blanca registra al año en torno a las 90 millones de pernoctaciones de turistas en apartamentos, de los que 63 millones se realizan en viviendas que que no están registradas. Una cifra desproporcionada en comparación con los 15 millones de pernoctaciones en los hoteles y y que triplica a la de los apartamentos legales (23 millones).
