La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante acordó ayer por la vía de urgencia declarar como «servicios esenciales» todos los recursos que integran los servicios sociales municipales; una definición similar a la que se da a la Policía Local y a Bomberos y que permite sortear las restricciones del rescate del Ministerio de Hacienda para poder contratar a más trabajadores. La finalidad es reforzar la asistencia a menores en riesgo y en otros programas sociales.
Así lo explicó ayer la concejala de Acción Social, Nerea Belmonte, quien indica que esta declaración municipal está en consonancia con lo que establece la legislación nacional, pero permite ampliar la cobertura de esa definición a todos los servicios sociales y tener una «justificación más sólida» a la hora de sortear la imposibilidad legal de realizar contrataciones.
Belmonte explica que «el plan de ajuste prohíbe la contratación de personal», pero indica que, con esta definición de «esencial», los servicios sociales se incluyen dentro de las «excepciones» que se contemplan en su aplicación, una excepcionalidad que, asegura, ya es aplicable a los servicios de Policía Local y de Bomberos.
En el cuerpo de la propuesta se hace referencia a la Ley de Bases de Régimen Local y a la autonomía que otorga a los ayuntamientos en cuestiones como la «evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en riesgo de exclusión social». La propuesta recoge que se trata de competencias que encajan en el concepto de servicio público esencial y hace referencia a las «graves carencias de recursos humanos» en Acción Social. Una situación que los técnicos municipales califican de «desesperada». En base a ello, se argumenta que los servicios sociales municipales deben incluirse entre las excepciones legales a la prohibición de contratar personal, por tratarse de una necesidad urgentes e inaplazables que afecta al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. «La no prestación de los recursos sociales necesarios a los ciudadanos que satisfagan sus aspiraciones y necesidades como seres humanos, es una responsabilidad que debe ser asumida y resuelta por todo el equipo de gobierno», reza en la propuesta de acuerdo.
«Esta nueva situación marca un antes y un después en los servicios sociales municipales, ya que va a permitir la contratación, en función de las necesidades, de trabajadores sociales, psicólogos, educadores y personal administrativo», afirmó la edil. Belmonte agregó que ya han realizado una petición al área de Recursos Humanos y que en las próximas semanas el equipo de gobierno anunciará un acuerdo para la contratación de trabajadores sociales y psicólogos para reforzar los programas dirigidos a menores en riesgo social, a ayudas de emergencia y a renta garantizada».
La edil, que no concretó el aumento de contrataciones, indicó que se ha realizado una petición «global» y que, sobre todo, se priorizará la atención del programa de menores dada la «lista de espera» existente por la falta de personal.
El portavoz del tripartito, Natxo Bellido, añadió que esta declaración de «servicio esencial» tiene dos lecturas. La primera es «que nos acogemos a la excepcionalidad que recoge la ley» para poder realizar contrataciones «de manera progresiva atendiendo a la posibilidad presupuestaria». La segunda, es «un mensaje político» de que «nuestra prioridad es rescatar a las personas».
La propuesta de acuerdo que salió adelante ayer en la Junta de Gobierno declara «a todos los efectos como servicios esenciales los recursos que integran los servicios sociales municipales» y aprueba que el área de Recursos Humanos realice «con carácter urgente» las gestiones necesarias para la contratación de personal.
