Cerca de 30.000 personas de origen latinoamericano residentes en la provincia han obtenido la nacionalidad española en la última década, tal y como indican los datos del Ministerio de Empleo e Inmigración. En concreto, entre 2005 y 2014 obtuvieron este reconocimiento 29.254 personas procedentes de algún país de América del Sur y Central. Esto supuso casi el 78% del total de concesiones de ciudadanía española en este tiempo, que se situó en 37.851. Con ello, todas estas personas, al margen de su origen, tienen la condición plena de españolas y como tales pueden ejercer sus derechos civiles, dejando además de figurar como extranjeras en las estadísticas.
Un tercio de los latinoamericanos naturalizados como españoles en esta década eran originarios de Colombia, y una cantidad casi idéntica procedían de Ecuador. El tercer país de origen, aunque a mucha distancia, es Argentina, con 2.877 personas, mientras que del cuarto, Cuba, se nacionalizaron otras 1.011. Otros cuatro países -Bolivia, Uruguay, Perú y Venezuela- aportaron más de medio millar de españoles de nuevo cuño a la provincia de Alicante.
Los extranjeros latinoamericanos, tal y como explica el director del Observatorio Permanente de Inmigración de la Universidad de Alicante (UA), Carlos Gómez Gil, pueden iniciar los trámites para pedir la nacionalidad española a los dos años de residir en España. La misma posibilidad tienen, añade, portugueses, andorranos, filipinos y ecuatoguineanos. Ésa es una de las razones por las cuales la mayor parte de los nacionalizados españoles proceden de Latinoamérica, junto con el solo hecho del gran número de personas originarias de esos países que han ido fijando su residencia en España desde la década de 1990.
El año pasado, un 61% de los naturalizados como españoles en la provincia eran originarios de Latinoamérica; en los últimos ejercicios ha ido creciendo también el colectivo de origen africano, fundamentalmente marroquí. A lo largo de 2014 se concedió la nacionalidad española a 4.249 personas con residencia fijada en algún municipio alicantino; fueron casi exactamente la mitad que en 2013, en que concluyeron 8.520 expedientes de nacionalidad. Ese año se alcanzó la cifra más alta, mucho mayor que las de los demás ejercicios, y además después de varios años continuados de ligero descenso. La razón de ello, según apunta Gómez Gil, es una mera cuestión administrativa.
Así, el fenómeno obedece, tal y como señala el experto, «a la puesta en marcha por el Gobierno en el año anterior de un plan de choque para desatascar los registros civiles de toda España», donde las solicitudes de nacionalidad española se acumulaban desde hacía tres años. Para ello, añade, «se llegó a un convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad», que terminó en 2014. Finalizado este plan de choque, sin embargo, «los registros vuelven a acumular numerosos expedientes».
Gómez Gil recuerda que la obtención de la nacionalidad española es un importante «factor de arraigo en los procesos de inserción local y ciudadana» por los derechos civiles que aporta. Entre los más destacados se encuentran la estancia libre en el país, el acceso a la función pública o la movilidad por toda la Unión Europea. La crisis, sin embargo, «ha dificultado el acceso a la nacionalidad», ya que muchos extranjeros «han perdido su documentación» al no poder renovar sus papeles por carecer de trabajo. Eso les ha impedido poder demostrar su arraigo en España y en no pocos casos les ha abocado a situaciones difíciles. Así pues, de una manera indirecta los requisitos para acceder a la nacionalidad se han endurecido.
