Los hospitales y centros de salud de la provincia de Alicante atendieron durante todo el año pasado a 279.605 pacientes procedentes de otras comunidades autónomas, en su mayor parte turistas, una asistencia que costó a las arcas de la Generalitat casi 53,5 millones de euros, 97 millones en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en su mayor parte, este dinero no retorna a la Comunidad Valenciana. De hecho, sólo se ha recuperado «parte del gasto farmacéutico de 2013, que supuso un millón de euros el año pasado» en el conjunto de la Comunidad, según señalan desde la Conselleria de Sanidad. La situación promete volverse más complicada tras desvelarse que el Gobierno ha dejado fuera de los presupuestos el denominado Fondo de Cohesión Sanitaria, instrumento creado en 2001 para que cualquier ciudadano que necesita asistencia en una comunidad distinta a la suya la reciba.
Para subsanar esta situación, el departamento de Carmen Montón reclama la puesta en funcionamiento del denominado Fondo de Garantía Asistencial, el procedimiento contemplado en la ley para compensar el gasto que supone la asistencia a los pacientes desplazado de otras comunidades. Esta medida se aprobó en 2012 y sigue sin estar operativa. A través de este fondo, la Comunidad podría recibir cerca de 70 millones de euros, ya que la atención de los valencianos en otras comunidades supone un desembolso de 25 millones de euros, que habría que restar a los 97 que supone atender a pacientes de otras zonas.
La consellera critica esta «muestra más» de «marginación financiera» por parte del Gobierno hacia la Comunidad. «Por un lado, el Gobierno somete a la Comunitat Valenciana a una situación de infrafinanciación extrema que impide a los valencianos tener fondos suficientes para cubrir el gasto sanitario ordinario hasta final de año», denuncia la consellera. «Y por otro, el Gobierno bloquea la liquidación de fondos que nos corresponden, como es el caso del Fondo de Garantía Asistencial, lo que nos perjudica especialmente al ser la valenciana una autonomía de marcado carácter turístico», añadió.
Además de su puesta en marcha lo antes posible, Carmen Montón ha reclamado la modificación del Real Decreto-Ley 16/2012 para que las compensaciones por la atención de turistas nacionales se calculen siempre por proceso, ya sea en personas con desplazamientos de corta o larga duración, y no por cápita. La consellera también ha solicitado que se incluya en el Foga la atención de urgencias y el consumo de fármacos de dispensación obligatoria, la mayoría de los cuales se destinan a pacientes crónicos y tienen un elevado coste. Ninguno de estos aspectos están previstos en la normativa actual.
El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, aseguró el jueves que el Fondo de Cohesión Sanitaria es «extrapresupuestario» desde 2013 y aclaró que éste se nutre, entre otros ingresos y que no figuran en los presupuestos, de lo que recibe cada comunidad por asistir a los turistas europeos que están de forma temporal en el país o que están residiendo aquí. Lo que cada comunidad factura por este concepto lo traslada al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este organismo descuenta al montante los gastos derivados por la asistencia de ciudadanos españoles en la UE.
Tras compensar esas cifras, lo que es de obligado cumplimiento por normativa europea y que suele aproximarse a los 520 millones de euros para España, se da traslado al Ministerio de Sanidad, que gestiona las compensaciones entre comunidades. Esa cuantía es de la que gozan las autonomías para afrontar estas prestaciones, más la que estaba estipulada en el fondo de cohesión sanitaria hasta 2013, que contemplaba sólo la asistencia especializada entre comunidades.
Ahora, según Moreno, también se incluyen para las compensaciones entre comunidades la atención primaria, farmacia y la asistencia en territorios limítrofes.
Por su parte, el PSPV anunció ayer que van a presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para que se impulse un fondo específico que permita compensar a las comunidades por la atención a pacientes de otra región, después de que haya desaparecido la partida del Fondo de Cohesión. Según ha destacado el coordinador de los diputados y senadores del PSPV-PSOE, Herick Campos, esta medida del Gobierno de Mariano Rajoy es una «nueva discriminación» que quiere imponer a la Comunidad para evitar la compensación «por el gasto sanitario que realizan los turistas españoles de otras regiones».
