La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, indicó ayer que la atención sanitaria es «una cuestión de derechos humanos», pero también «de control de las epidemias». Por ello, ha replicado al Ministerio de Sanidad que no atender a los inmigrantes en situación irregular supone «un riesgo para toda la población».
Oltra se refiere así a la advertencia que realizó el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular, señalando que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos comunitarios.
Por su parte, la consellera Carmen Montón cree que la «amenaza» de multas por prestar asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares es una «salida de tono sin fundamento» y opina que «la exclusión sanitaria en España tiene los días contados».
En el ámbito del Tribunal Constitucional «ya hubo un pronunciamiento contra el recorte de los servicios en el País Vasco, y se recomendó velar por la salud de las personas migrantes en situación irregular».
Por otro lado, se da la circunstancia de que Rubén Moreno fue subsecretario de la Conselleria de Sanidad en época de Eduardo Zaplana, cuando se impulsó una tarjeta solidaria para dar asistencia a los inmigrantes.
