El tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante (PSOE, Guanyar Alacant y Compromís) tiene intención de anular y rehacer la ordenanza de Conservación de Inmuebles que elaboró el anterior gobierno del PP y que recogía la obligación de que 8.000 viviendas con más de 75 años de antigüedad pasaran una inspección técnica que avalara la estabilidad del inmueble este mismo año. El concejal de Urbanismo y Conservación de Inmuebles, Miguel Ángel Pavón, indica que la norma se rehará para incluir en ella un sistema de ayudas a las familias vulnerables y que se revisará de arriba a abajo, incluyendo el sistema de plazos que recogía. Se aprovecharán, no obstante, algunas de las aportaciones de los colegios profesionales que participaron.
La ordenanza fue aprobada en pleno en febrero y pasó el trámite de enmiendas, estando únicamente a falta de su aprobación definitiva para entrar en vigor. El tripartito, sin embargo, se ha decantado por no dar ese último paso, sino por retirar la ordenanza en la que se escalonaban los plazos para que los propietarios de viviendas de más de 50 años (unas 60.000 en la ciudad) presentasen la inspección técnica que la ley estatal del suelo y la normativa urbanística de la Generalitat les obliga a pasar. En el caso de las más antiguas, aquellas con más de 75 años, no daba tregua y obligaba a pasar esa ITV antes de finalizar 2015. Las viviendas originarias de la década de los cuarenta tenían hasta finales de 2016, las de los años cincuenta hasta 2017 y las de los años sesenta hasta diciembre de 2018. Asociaciones de vecinos de doce barrios alegaron reclamando plazos más amplios y, sobre todo, un sistema de ayudas económicas para las comunidades de vecinos.
Pavón, desde la oposición, también presentó enmiendas en el anterior mandato exigiendo la consignación de ayudas por más de 3 millones de euros para que las familias más vulnerables pudiesen hacer frente a los gastos de los informes técnicos así como a las obras de conservación que se derivaran de ellos. Igualmente, Pavón advertía del «peligro de que promotores espabilados utilicen la figura del agente rehabilitador para arrebatar viviendas o parte de su propiedad a familias que no puedan afrontar los costes de las obras de conservación». La ordenanza, que ahora prevé echar atrás, articulaba esa figura, que recoge la nueva ley urbanística de la Comunidad Valenciana.
El Ayuntamiento de Alicante fue uno de los primeros de la Comunidad en tramitar una ordenanza de este tipo. Aunque su anulación no exime a los propietarios de viviendas de más de 50 años de pasar esta inspección, dado que así se recoge en leyes de rango superior, hasta el momento el control viene siendo muy deficiente. De hecho, según los datos que maneja el Consell, en la provincia sólo han entregado este informe técnico 3.000 de los 90.000 edificios que deberían haberlo hecho. La ordenanza municipal pretendía regular la situación, con un registro de inmuebles que permitiera realizar un seguimiento de su antigüedad y escalonando los plazos para no verse desbordados ante el volumen de inmuebles de más de 50 años en la ciudad.
La inspección está realizada por arquitectos y aparejadores y en ella se evalúan desde parámetros estructurales del edificio a otros de eficiencia energética o accesibilidad. La obligación de los propietarios de edificios de más de cincuenta años no acaba en pasar esta revisión, sino que deben subsanar todas las deficiencias.
