Los precios de los carburantes en la provincia siguen estando entre los más caros de toda España, año y medio después de que la justicia europea anulara el llamado «céntimo sanitario», la tasa que propició que en un momento dado surgieran grandes disparidades entre comunidades autónomas en el coste de los combustibles. El último informe de precios del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, referido al mes de junio, indica que la provincia de Alicante ocupa el séptimo lugar en carestía de la gasolina de 95 octanos, y el undécimo en el gasóleo A. En ambos casos, se sitúa siete céntimos por encima de lo que cuesta un litro de combustible en Navarra, y entre seis y siete más también que en las tres provincias que componen Aragón.
El coste medio de los carburantes en junio -1,351 euros por litro la gasolina de 95 octanos y 1,201 el gasóleo A- era superior al que se registra estos días, pero la diferencia de precios se mantiene. Ayer mismo se podía comprobar que el precio medio de la gasolina en Alicante era de 1,28 euros por litro, y de 1,126 el del gasóleo A; mientras tanto, en Teruel era, respectivamente, de 1,211 y 1,044 euros por litro. La clave de esta diferencia se encuentra en el ya desaparecido céntimo sanitario: Aragón fue prácticamente la única comunidad autónoma que no llegó a aplicarlo. En el caso de Navarra -que mantiene precios tan bajos como los de Aragón- hay que tener en cuenta la fiscalidad diferente de la comunidad foral.
El céntimo sanitario fue una tasa especial que entró en vigor en 2002 y cuya aplicación dependía de las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales podían aprobar subidas de los carburantes de hasta 4,8 céntimos por litro, y destinar esa recaudación de más a la financiación de la sanidad. La Comunidad Valenciana fue de las primeras en imponer el tope máximo de 4,8 céntimos más por litro, lo que ha hecho que desde entonces Alicante, Valencia y Castellón estén a la cabeza del país en el precio de los combustibles. En 2013, el céntimo sanitario desapareció como tal y se integró en los impuestos especiales de hidrocarburos. Sin embargo, eso no supuso que se equipararan los precios entre autonomías.
En febrero de 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el céntimo sanitario era contrario al derecho comunitario y lo anuló, con carácter retroactivo, dando así la razón a una empresa de transportes de Tarragona que había pedido a la justicia catalana que le devolvieran 45.600 euros pagados durante más de una década. Este fallo judicial debería haber sido, en principio, el argumento definitivo para que dejara de haber diferencias de precios tan elevadas entre comunidades autónomas, pero un año y medio después todavía no ha sido así. El ranking provincial por coste, además, evidencia qué comunidades aplicaron al máximo el céntimo sanitario y cuáles lo hicieron en menor cuantía o ni siquiera lo implantaron.
Exigencia de devoluciones
Desde Fetrama, la asociación provincial de empresas de transporte por carretera, conocen muy bien la gran diferencia de precios en los carburantes entre la Comunidad Valenciana y Aragón, hasta el punto de saber que hay transportistas que «se van a repostar» a esta última si residen cerca de ella o acuden allí por motivos de trabajo, tal y como explica el secretario general de la citada organización, Francisco Ortiz. Los profesionales del sector, señala, son los primeros en preguntarse «por qué el combustible es aquí más caro». Ortiz comenta que para septiembre hay previstas reuniones con la nueva consellera de Obras Públicas y el nuevo director general de Transportes, en las que previsiblemente se abordará este tema.
El secretario general de Fetrama entiende que, a priori, el coste de los carburantes no es responsabilidad de la administración pública, pero cree que si ésta «toma cartas en el asunto» algún paso se puede dar. Lo mismo sucede, añade Ortiz, en el caso de la devolución de todo lo pagado por el céntimo sanitario. La Generalitat «se comprometió a devolver» esas cantidades desde 2010 y está cumpliendo con ello, pero es el Gobierno central en este caso el que no cumple «ni con intensidad ni celeridad» en la devolución de los pagos realizados entre 2002 y 2009. Ortiz teme que el proceso se dilate, pero se muestra decidido a ir hasta el final porque, recuerda, «la sentencia era retroactiva».
