El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 ha rechazado mantener la vigencia del contrato de limpieza de colegios y dependencias municipales con una empresa de Enrique Ortiz de manera cautelar mientras resuelve el recurso presentado por la mercantil en contra de la decisión municipal de no prorrogarle dos años más la contrata.
La contrata caducó a mediados de junio, después de que el anterior alcalde, Miguel Valor, adoptara la decisión de no prorrogarla durante dos años más, como así posibilitaba el contrato. La mercantil recurrió la decisión al juzgado y como medida cautelar pidió que se mantuviera la vigencia del mismo. Algo que el juez ha rechazado.
Ortiz pedía mantener vigente el contrato, con una modificación que suponía una rebaja del 5% del precio, hasta que llegue la sentencia definitiva o concurriera alguna otra circunstancia, como la adjudicación de un nuevo contrato o que el Ayuntamiento rescate el servicio para prestarlo directamente. El juez rechaza la pretensión de Ortiz de «prorrogar el contrato o, lo que es lo mismo, mantener la vigencia del mismo durante la sustanciación del procedimiento».
Por el momento, Ortiz sigue prestando el servicio, pero sin que exista un contrato vigente. Una situación que obligó al tripartito la semana pasada a aprobar un crédito extraordinario de 373.000 euros para abonar los servicios prestados durante la primera quincena de junio.
El contrato, el segundo más costoso del Ayuntamiento, se adjudicó hace dos años por 17,9 millones de euros 8,9 millones al año y con posibilidad de prorrogarlo dos años más a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos. El empresario presentó en tiempo y forma su petición para que se le prorrogara el contrato, que expiró el 14 de junio. Aunque era práctica habitual conceder este tipo de prórrogas, el anterior alcalde optó por no concederla. Ahora, el nuevo equipo de gobierno pretende rescatar el contrato para que el Ayuntamiento lo preste directamente, sin contratar a ninguna empresa. Por el momento, no puede hacerlo por las restricciones impuestas al Ayuntamiento por el Ministerio de Hacienda.
