Un jarro de agua fría fue lo que recibieron ayer en Madrid los responsables de Educación de las doce comunidades autónomas no gobernadas por el PP durante su reunión con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Las doce comunidades, que rechazan la Lomce, habían presentado a Méndez de Vigo una serie de propuestas «con garantías jurídicas» destinadas a paralizar el calendario de implantación de la norma este curso. Sin embargo, Méndez de Vigo frenó toda intención de modificar el calendario de implantación de la conocida como ley Wert. «Las leyes están para cumplirlas», sostuvo el ministro en la rueda de prensa que siguió a esta reunión.

La única medida que los doce consejeros díscolos lograron arrancarle fue la de separar en dos decretos las evaluaciones externas de Primaria, por un lado, y de ESO y Bachillerato, por otro, con el objetivo de debatir con más tiempo las de Secundaria, ya que, según el calendario de la Lomce, estas pruebas no se van a realizar hasta el curso 2017-2018. Concluida la reunión Méndez de Vigo, señaló que el curso escolar empezará con «absoluta tranquilidad» en todas las comunidades autónomas y mandó un mensaje de «tranquilidad a docentes, padres y estudiantes».

En la delegación valenciana, decepción al término de un encuentro que se prolongó durante cuatro horas. «No se ha aceptado nada de nuestras propuestas, no nos han hecho ningún caso. Aunque parece que las formas son mejores que con el anterior ministro, el fondo sigue siendo el mismo», señalaban anoche desde el departamento de Vicent Marzà. Así las cosas, la conselleria seguirá trabajando para «aprovechar cualquier resquicio que deje la ley» para tratar de minimizar su impacto en la Comunidad. Algunas de estas medidas ya se han adoptado, como la de dar libertad a los centros para ampliar las clases de 45 a 60 minutos, «dados los negativos resultados de las clases de 45 minutos del curso pasado», señalan desde Educación .También la de reducir las pruebas diagnósticas a las establecidas por la Lomce, ya que la anterior administración educativa «las había ampliado». Educación considera «que estas pruebas no detectan los problemas reales para facilitar las herramientas necesarias de mejora de la calidad educativa de los centros».

Antes de entrar a la reunión, el conseller de Educación había pedido la paralización inmediata de la norma «porque pone en riesgo el presente y el futuro de la educación». «La ley ataca la cohesión de la sociedad porque expulsa del sistema al alumnado con más dificultades por razones sociales, y en lugar de facilitar su inclusión los deja de lado», sostuvo Marzà, para quien eso «ataca de manera frontal a la igualdad de oportunidades y al ascensor social». Según el conseller, estos problemas se han atacado por parte de la Conselleria «desde el primer día» con la reforma del decreto de Secundaria, y reiteró que sólo las 5 autonomías en las que gobierna el PP «se sitúan fuera del consenso», por lo que «la pelota está en su tejado».

En una rueda de prensa previa al encuentro con el ministro, los consejeros de las doce comunidades autónomas mostraron públicamente su rechazo a esta norma y su exigencia de que sea derogada. «Creemos que es posible evitar muchas incertidumbres y sufrimiento, siendo conscientes de que empeñarse con continuar con la implantación de una ley que será derogada no es razonable», señaló como portavoz del grupo la consejera andaluza de Educación, Adelaida de la Calle.

Aunque ante los medios De la Calle no concretó ninguna de las propuestas presentadas al ministro para paralizar la implantación de la Lomce, el secretario de Educación del PSOE, José Miguel Pérez, señaló que entre estas medidas se encuentra «la posibilidad de introducir una enmienda al proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para suspender el calendario de la ley».

Cabe recordar que la Lomce entró en vigor el 30 de diciembre de 2013 y contempla una implantación progresiva de la misma desde el pasado curso hasta el 2016-2017. Si el pasado septiembre la Lomce se puso en marcha en los cursos impares de Primaria (incluyendo la evaluación estandarizada de tercero de ese ciclo educativo), para el próximo mes tiene que entrar en los cursos pares (con la evaluación de los alumnos de sexto), en primero y tercero de Secundaria y en primero de Bachillerato. El conseller Marzà ya ha tomado medidas para tratar de minimizar la implantación de la ley el próximo curso en la Comunidad. Entre otras, que los centros que así lo deseen puedan ampliar las clases de 45 a 60 minutos, «dados los negativos resultados de las clases de 45 minutos del curso pasado».También la de reducir las pruebas diagnósticas a las establecidas por la Lomce, ya que la anterior administración educativa «las había ampliado». Educación considera «que estas pruebas no detectan los problemas reales para facilitar las herramientas necesarias de mejora de la calidad educativa de los centros».

Por su parte, la portavoz de Educación del PP, Sandra Moneo, calificó ayer de «irresponsabilidad» que se pida paralizar o modificar el calendario de aplicación de la Lomce porque «la ley ya está en marcha» y reclamó trasmitir «seguridad y confianza» a la comunidad educativa a pocas semanas del inicio del curso. «Cuando la ley está en vigor, trasladar a la opinión pública, a las familias que en estos momentos alguno de sus hijos ya estén estudiando en el marco de la Lomce, que se va a paralizar por estrategia meramente política y que no responde a un impulso de querer mejorar la calidad de la educación, es una enorme irresponsabilidad», dijo Moneo.