El primer pulso entre el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por un tripartito de izquierdas, y la Diputación Provincial, presidida por el PP, tiene como eje la gestión de los impuestos municipales. El alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, reclamó ayer a SUMA que le devuelva al Ayuntamiento la gestión de los tributos que el anterior equipo de gobierno del PP le traspasó en 2013 a cambio de percibir adelantos mensuales de 6 millones de euros para obtener liquidez con la que pagar a los proveedores. La petición del tripartito ha supuesto un enfrentamiento con la Diputación, que estudia reclamar una compensación por daños y perjuicios al Ayuntamiento si rompe unilateralmente el acuerdo que se firmó hasta diciembre de 2017.
El tripartito se basa en informes técnicos para asegurar que la gestión directa de los impuestos supondría un ahorro para las arcas municipales de cuatro millones de euros al año. Se refiere a los 2,5 millones de canon que se pagan a SUMA anualmente por la gestión y a otros 1,5 millones por impuestos como las plusvalías que, según afirman desde la Concejalía de Hacienda, se han dejado de ingresar. Por contra, desde la Diputación de Alicante defienden la labor de su organismo de recaudación, asegurando que su gestión ha incrementado en 6 millones de euros los ingresos para el Ayuntamiento y que este año el aumento prevé alcanzar los 7 millones de euros.
«Tripartitada»
Por parte del equipo de gobierno local admiten que los mecanismos de control e inspección de SUMA han permitido en estos primeros años aumentar la recaudación en el periodo voluntario, pero esgrimen que con el rescate de la gestión se mantendrían esos índices de recaudación y la entidad local no se vería perjudicada. La que sí se siente perjudicada es la Diputación, cuyo vicepresidente y diputado de Hacienda del PP, Alejandro Morant, asegura que «se reserva el derecho a pedir una compensación por daños y perjuicios» al Ayuntamiento de Alicante si éste decide rescindir el contrato «de manera unilateral», teniendo en cuenta la inversión realizada para abrir hasta tres oficinas de atención al público el equipo de gobierno no aclara que ocurriría con ellas y que el convenio tiene vigencia hasta finales de 2017. «Esta decisión, puramente política, es una 'tripartitada' del gobierno municipal que encabeza Echávarri y que le va a costar mucho dinero al bolsillo de los alicantinos», esgrimió el diputado popular.
«Mutuo acuerdo»
Por parte del tripartito indican que el convenio firmado por el anterior equipo de gobierno local del PP con SUMA no dejaba opción a rescindir el contrato de forma unilateral, ni siquiera a cambio del pago de una penalización. Al respecto, sostienen que debe realizarse de «mutuo acuerdo» con la Diputación o, de lo contrario, la intención de rescatar el cobro de impuestos podría quedar en una mera declaración de intenciones. Fuentes del equipo de gobierno, indican al respecto que el alcalde, Gabriel Echávarri, tiene intención de trasladar su petición al gobierno popular de la Diputación esperando que la entidad provincial «reconozca la independencia» del Ayuntamiento.
Ayer Echávarri trasladó al actual director de SUMA la «intención inequívoca del Ayuntamiento de rescindir el convenio» para la recaudación de impuestos en periodo voluntario, dejando en manos de la entidad tributaria provincial el cobro por la vía ejecutiva de los impagos, como ya realizaba incluso antes de la firma del convenio. La intención es municipalizar el servicio, como hasta antes de enero de 2014, a partir del próximo año.
En un comunicado, Echávarri destacó la labor de SUMA, con la apertura de nuevas oficinas, la actualización del sistema o firmas de nuevos convenios con el catastro. Sin embargo, considera que «el Ayuntamiento dispone de suficiente personal y estructura para asumir la gestión del servicio, con el consiguiente ahorro para las arcas municipales». En cuanto a los adelantos para tener liquidez, desde el equipo de gobierno consideran que con una buena gestión no son necesarios.
Por su parte, Morant esgrime que «el supuesto ahorro» al que alude el Ayuntamiento «no será tal» porque, asegura, «tendrá que asumir todos los costes de un sistema y entramado que, hasta ahora, se realizaba gracias a los medios y tecnología de SUMA». El diputado provincial lo considera una «maniobra para colocar en la nueva oficina de recaudación a los compromisos del tripartito» y una maniobra del presidente del Consell, Ximo Puig, «quien anunció la creación de una Agencia Tributaria Valenciana».
