La provincia ha perdido más de 200 agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en apenas año y medio, según datos aportados por el propio Gobierno hace escasos días. El Ejecutivo se los ha trasmitido en una respuesta parlamentaria al diputado socialista en el Congreso por Alicante Rufino Selva, quien preguntó por la evolución, desde el año 2013, de la dotación de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la demarcación. Las cifras más recientes se refieren a mayo de 2015, y son de 2.489 agentes de la Guardia Civil y 2.193 de la Policía Nacional. A 31 de diciembre de 2013, estas cantidades eran de 2.590 y 2.281, respectivamente.
El descenso en ambas plantillas es continuo a lo largo del periodo, y supone una pérdida del 4% en relación a la dotación existente al final del año 2013. Ni los datos de Guardia Civil ni los de Policía Nacional están desglosados por cuarteles o comisarías, por lo que, sólo con esta respuesta parlamentaria, no es posible conocer si la pérdida de agentes ha sido más o menos uniforme en toda la provincia o se ha concentrado en algunos puntos en particular. Según señala Rufino Selva, uno de los aspectos a los que alude el Gobierno para justificar el descenso -y que, eso sí, no aparece en la respuesta parlamentaria- es el descenso de población en la provincia, que ha sido de unas 90.000 personas en los últimos dos años.
En este sentido, el diputado socialista considera que ese argumento no es suficiente, ya que la pérdida de habitantes se ha ceñido de manera casi exclusiva a un sector muy específico de la población, el de los residentes europeos, pero en los grandes núcleos urbanos apenas se ha notado. Al respecto, cabe recordar que, tal y como ha publicado este periódico en diversas ocasiones, el aparente descenso demográfico en parte ha sido en realidad un ajuste de los padrones municipales por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), dando de baja a muchas personas que realmente no vivían ya en la provincia. Esto hace que la pérdida de habitantes sea una cuestión muy relativa.
Por otra parte, Selva considera que la disminución de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la provincia carece de sentido por tratarse de un territorio turístico y, más en concreto, por el repunte de la actividad que se ha producido en fecha reciente. El parlamentario sostiene que «los datos oficiosos de 2015 evidencian» un incremento de visitantes a la demarcación alicantina, y que, aunque desde el Gobierno se asegura que «las plantillas se refuerzan de manera puntual», esto «no es suficiente» para atender la potencial demanda. También critica que la tasa de reposición de los agentes que se jubilan no es la adecuada.
El diputado hace hincapié en que la disminución de efectivos puede «afectar a los ciudadanos en la calidad del servicio». Asegura que esto ya se está viendo en cuestiones como «los tiempos de actuación y respuesta en las intervenciones, en el control de eventos y aglomeraciones, en los problemas de orden público, así como en el resto de servicios ordinarios y extraordinarios de seguridad». En este sentido, expresa su temor de que el refuerzo puntual para la campaña turística esté consistiendo en el traslado temporal de agentes de comisarías y cuarteles de zonas de interior a puntos de la costa, dejando las primeras comarcas un tanto desatendidas pese a que su población es también elevada y que en ellas sigue dándose bastante actividad durante el verano.
En opinión de Selva, se ha producido un «recorte efectivo» y «nunca había habido una respuesta tan clara» al respecto por parte del Gobierno. El diputado lamenta que no se ofrezcan datos desglosados que permitan determinar si hay problemas de infradotación más importantes, ni tampoco de los refuerzos de las comisarías y los cuarteles de las zonas de costa durante el verano. En todo caso, afirma, se trata solamente de un «parche», ya que las plantillas siguen en descenso. El diputado comenta que ha formulado otra pregunta en el Congreso acerca de los motivos por los cuales ha habido una merma de agentes. Esta iniciativa aún está en fase de tramitación.
Selva insiste en los posibles problemas de saturación laboral que pueden sufrir los agentes con el descenso de las plantillas, al incrementar sus horas de trabajo y otros presumibles inconvenientes como el tener que desplazarse a otros lugares. Por ello, reitera la necesidad de tener una dotación adecuada «en función de la necesidad de servicios», teniendo en cuenta tanto la población como otros aspectos socioeconómicos.
