El Ministerio de Hacienda se ha convertido en un salvavidas económico para las entidades locales alicantinas. En 2012, cuando muchas de ellas se encontraban atadas de pies y manos para hacer frente a sus obligaciones, el Gobierno central salió a su rescate e impulsó el plan de pago a proveedores. Fue un mecanismo que permitió aflorar miles de facturas en los cajones y que contribuyó a que los ayuntamientos saldaran sus deudas con las empresas. El departamento de Cristóbal Montoro, sin embargo, no sólo ha dado alegrías a las entidades locales de la provincia. También les ha apretado las tuercas: ha reforzado la vigilancia para evitar que incurran en déficit, las ha obligado a aprobar planes económicos-financieros con el objetivo de reducir sus desequilibrios y las ha forzado, con pequeñas salvedades, a destinar el superávit a amortizar deuda. Y ahora ha llegado una nueva sorpresa. El conjunto de ayuntamientos alicantinos y la Diputación tendrán que devolver 30,39 millones al Gobierno debido a un error de cálculo del Ministerio de Hacienda.
El origen de los hechos se remonta a 2013. Por aquel entonces, el Ejecutivo central realizó una estimación del dinero que iban a recaudar durante el año en impuestos las entidades locales de la provincia. Y en virtud de ese cálculo, adelantó los fondos. Pero ahora, una vez realizada la liquidación definitiva -siempre se cierra dos años después-, se ha certificado que el Gobierno se equivocó. Hizo una previsión al alza y anticipó más dinero del que consiguieron recaudar finalmente los ayuntamientos y la institución provincial. ¿Y qué ocurre ahora? Pues que las corporaciones están obligadas a devolver esa cuantía que recibieron de más. Si hubiese ocurrido el extremo opuesto, sería el Ministerio de Hacienda el que compensaría ese desfase con una nueva aportación. Pero no ha sido así. Al menos, en la mayoría de los casos.
Las entidades locales tendrán que reintegrar ahora esos fondos en un plazo máximo de 10 años. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha remitido ya una circular a los consistorios y la Diputación en la que les informa cómo se va a proceder a regularizar la situación. Será el propio Gobierno el que la corrija. ¿Cómo? Detrayendo las cantidades pagadas de más de las aportaciones que les realiza mes a mes.
Las cuantías no serán especialmente pequeñas. Sólo la Diputación, con un presupuesto consolidado (el Palacio Provincial y sus organismos autónomos) de 243 millones, deberá reintegrar 10,92 millones. La ciudad de Alicante será la segunda entidad local que más fondos devolverá, con 3,3 millones, mientras que Elche, con 2,42 millones, es la tercera, según los datos publicados por el Ministerio.
Esta situación no pilla de nuevas a las corporaciones locales alicantinas. En 2008 y 2009, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el desfase fue incluso superior. El anterior Ejecutivo socialista minimizó el impacto de la crisis, por aquel entonces en su estado inicial, y previó muchos más ingresos de los que finalmente se lograron. Ocurrió lo mismo que ahora, aunque con un importante matiz. Con Zapatero, el plazo máximo para reintegrar el dinero cobrado de más era de cinco años. Cuando el PP ganó las elecciones generales y asumió las riendas del Gobierno, Montoro decidió aligerar la carga municipal y amplió el plazo a 10 años.
Ahora bien, a ese periodo de tiempo pueden acogerse los ayuntamientos y la Diputación siempre y cuando cumplan una serie de premisas. En primer lugar, el pleno de la entidad local debe dar su visto bueno. A continuación, los interventores deberán elevar la solicitud a Madrid, con fecha tope de 1 de noviembre de 2015. Pero existen más requisitos. «Debe tenerse en cuenta que esta medida excepcional sólo se aplicará a aquellas Entidades locales que, además de haber presentado la liquidación de los presupuestos de la totalidad de entidades integrantes de la corporación local correspondientes al ejercicio inmediato anterior, prevean cumplir a 31 de diciembre de 2015 con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública (...) y cuyo período medio de pago no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa». Así consta en la circular que la FEMP ha enviado a los ayuntamientos, y a la que ha tenido acceso este diario. Con esas premisas, Montoro premia a los consistorios que han hecho los deberes.
Con todo, el error de cálculo del Ministerio de Hacienda supone un contratiempo para las entidades locales alicantinas ahora que la situación económica comienza a estabilizarse, según admiten varios alcaldes y ediles de Hacienda.
