La libertad que sobre la formación religiosa da a entender la modificación del currículo de primero de Bachillerato, introducida por la actual conselleria y los representantes docentes en mesa sectorial, empieza a enfrentar a claustros docentes entre sí y a los propios centros con los padres. La ley, tanto la Loe de Zapatero como la Lomce de Wert sigue estableciendo como obligatoria la oferta de Religión, como confirman a este diario desde la inspección educativa.
Los directores de institutos, en general, han querido entender que cada centro podía escoger si incluir o no la formación religiosa. El propio conseller ha declarado que se daba la opción a los centros con la premisa de que «alumnos y centros podrán organizar las materias específicas a elegir», entre las que figura la asignatura de Religión. «Aunque no se diga expresamente así, se da a entender que no hay por qué ofertar Religión, pero para los únicos que es voluntaria es para las familias, Según la ley, no se puede dejar de ofrecer por parte de todos los institutos», añaden técnicos de Educación.
Pero, lo que es más, aunque haya un sólo alumno de todo un instituto que pida esa materia en primero de Bachillerato el curso que viene, el centro estaría obligado a impartirla. «La ley no incluye tope de demanda, como sí hace con la religión islámica que exige un mínimo de diez alumnos».
Despidos
Desde la Confederación de padres Gonzalo Anaya, mayoritaria de los centros públicos en la Comunidad, van incluso más allá y reclaman que las clase de Religión se reduzcan a la mitad en los colegios. Y al formación política Joves Socialistes del País Valencià solicita directamente la supresión de esta asignatura «en el currículo escolar de todas las etapas de la enseñanza pública».
Ante el revuelo formado, el propio presidente, Ximo Puig, declaró ayer en Castellón que «la religión debe estar fundamentalmente en el ámbito privado», aunque matizó a un tiempo que «hay unas leyes que hay que cumplir y, desde luego, en estos momentos la Religión tiene un espacio en el currículum escolar y hay que ver cómo se articula». Puig concluye que «no es competencia de la Generalitat, sino del Gobierno central» y tratando de contemporizar con unos y otros añade que «no hay que hacer de esta cuestión un elemento de confrontación. Tenemos que trabajar juntos en la enseñanza, que en estos momentos tiene una grave crisis, pues la Comunidad tiene un 37% de fracaso escolar».
Pero la confrontación ya es un hecho. La Asociación de Profesores de Religión de la Comunidad destaca que la medida del conseller Marzà «pone en peligro los puestos de trabajo de cientos de profesores». Y asegura que «la Generalitat sabe que incumple la ley con el nuevo cambio normativo porque ofrecer esta formación es obligatorio para los centros».
En la provincia de Alicante actualmente hay contratados 140 profesores de Religión en los institutos y por la Ley de régimen de contratos indefinidos «sólo pueden y deben impartir Religión, otra cosa sería un despido improcedente», sostienen fuentes del sector educativo.
