El Ministerio de Agricultura ha asestado un nuevo rejón a la provincia de Alicante al establecer en el nuevo plan de cuenca el Júcar un recorte de 65 hm3 -cantidad que será mayor si el Júcar-Vinalopó no termina trasvasando agua que sirva para beber- en los caudales a los que tendrá derecho recibir el sistema Vinalopó-Alacantí -un millón de habitantes- en el horizonte de 2027, dentro de doce años. Una decisión justificada en virtud de las reducción de los cultivos agrícolas en los últimos 20 años, en los que se perdieron 40.000 hectáreas. Pero el problema es más grave porque el recorte afecta tanto a la agricultura como al abastecimiento, ya que al restringirse la extracción de agua de los acuíferos muchas poblaciones del Alto y Medio Vinalopó se puedan quedar sin suministro, debido a que el trasvase Júcar-Vinalopó ha sido un fracaso porque no garantiza agua potable al haber suprimido la toma de Cortes y no poder se abastecidas con las desaladoras por la factura económica que supondría elevar los caudales entre 30 y 65 kilómetros, los mismos que separan Elda y Villena de la costa.
El presidente de la Junta Central, Andrés Martínez, negocia de urgencia la modificación del texto con la Confederación del Júcar, más sensible hoy al diálogo tras haber perdido el PP la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, pero el reloj corre, de nuevo, en contra de la provincia de Alicante porque el plazo para revisar el plan acaba en noviembre.
El sistema Vinalopó-Alacantí tiene actualmente un total de 193 hm3 de derechos hídricos (regadío+abastecimiento). Sólo tiene recargas naturales de 48 hm3, por lo que arrastra un déficit de 145 hm3 anuales. En teoría 80 hm3 se hubieran solucionado con el Júcar-Vinalopó, pero ahora mismo sólo trasvasa 15 hm3, por lo que 65 hm3 quedan sin resolver. El problema es que según la actual redacción del plan, a partir de 2027 no se permitirá extraer de los acuíferos más que 48 hm3, cuando se extraen entre 120 hm3 y 150 hm3 al año. Si el trasvase no asegurara los 80 hm3 -imposible por la sequía del Júcar y la falta de la toma que garantiza caudal potable- la provincia ser verá en 12 años «con tres cuartas partes de nuestros derechos sin solucionar. Tendríamos que dejar de cultivar o emigrar», sentencia Martínez.
En principio, a nivel agrícola, se perderían, según fuentes del sector, 18.000 hectáreas de superficie de regadío actualmente en producción en las comarcas del Vinalopó y l'Alacantí, lo que provocará unas pérdidas de 220 millones de euros al año al sector, la ruina de infraestructuras de regadío valoradas en 540 millones y la pérdida de mil millones de valor patrimonial de la tierra al pasar a ser de secano.
«Estamos ante un ataque directo contra el regadío de la provincia de Alicante que no podemos consentir. La reducción de caudales es un trampa porque parte de datos erróneos y, encima, en el plan nos encontramos con que el Ministerio contempla enviarnos 12 hm3 del embalse de Alarcón para consumo humano que se han quedado en el camino porque no hay convenio», denuncia Ángel Urbina, portavoz de la Federación de Comunidades de Regantes de la Provincia de Alicante, que insistió en la urgencia de recuperar la toma de Cortes.
