El Ayuntamiento de Alicante se retirará como parte codemandada en el proceso judicial que propietarios de suelo y un centro comercial, Gran Vía, interpusieron contra la Actuación Territorial Estratégica de Ikea, que incluye la construcción de una gran complejo comercial en Rabasa junto a la multinacional del mueble.
Los partidos que integran el tripartito „PSOE, Guanyar y Compromís„ aseguraron estar sorprendidos de que el anterior equipo de gobierno, a través de la entonces concejal de Urbanismo Marta García-Romeu, hubiera firmado la documentación necesaria para ser parte codemandada en el proceso judicial junto al Consell. A juicio de los portavoces de los partidos en el gobierno local, ésta podría ser la razón por la que el anterior alcalde, Miguel Valor, no pudo retirar el ATE de Ikea.
La decisión adoptada por Echávarri, Pavón y Bellido representa el primer paso de cara a la retirada del ATE de Ikea, ya que al desistir el Ayuntamiento de Alicante en los tribunales cobra mayor fuerza el rescurso interpuesto en este caso por los particulares. En total son tres los recursos presentados contra la Actuación Territorial Estratégica.
La multinacional Ikea ha solicitado por escrito un encuentro con el nuevo alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, para abordar la instalación de la empresa en la ciudad después de que el Consell paralizara el pasado miércoles la Actuación Territorial Estratégica de la empresa Alicante Avanza para ubicar la tienda en Rabassa acompañada de un macrocentro comercial. La reunión está previsto que se produzca la próxima semana tras «ajustar las agendas».
El equipo de Gobierno con socialistas, Compromís per Alacant y Guanyar Alacant, anunció la semana pasada que solicitarán la retirada de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) impulsada por el anterior Consell de la Generalitat del PP a instancias de la promotora del proyecto de la llegada de Ikea, Alicante Avanza, participada por el constructor Enrique Ortiz.
La solicitud de la reunión con Gabriel Echávarri llega días después de que el nuevo Consell anunciara que va a iniciar los trámites para la paralización de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) Alicante Avanza, de Rabassa por sospechas de corrupción al entender que se favorece con este proyecto a Ortiz. El pasado mayo el anterior equipo de Gobierno del PP, con el exalcalde Miguel Valor, presentó un documento de 260 páginas en las que se recogían las alegaciones al proyecto de Alicante Avanza y en las que se ponía énfasis en que el proyecto como ATE «no cumple» con los criterios legales.
