Un informe del lobby empresarial turístico Exceltur advirtió ayer de que la oferta «sumergida» de alojamiento turístico en la Costa Blanca (viviendas no registradas) produce un quebranto económico de 200 millones de euros al año a las arcas del Estado, del total de 800 millones en España. En concreto, de las partidas que deja de ingresar el Ministerio de Hacienda en concepto de IVA y los ingresos que no declaran los propietarios de las viviendas que las alquilan sin declarar la actividad.

La oferta se ha disparado en los últimos años y el estudio señala también que el gasto de los usuarios de este tipo de alojamiento es un 50% por ciento menor que el de un turista convencional y repercute también en el empleo.

Cien plazas regladas generan 53 puestos de trabajo al año. Las mismas, sin control, sólo diez empleos. Los datos forman parte del trabajo de la consultora Ernst and Young y Nielsen, que se presentaron ayer en Madrid. En ciudades como Alicante, Barcelona, San Sebastián y Málaga la oferta no reglada supera ya a las plazas totales de hoteles y apartamentos y en otros destinos turísticos como Benidorm, Calviá, Lloret o, por ejemplo, Peñíscola, a oferta no reglada representa ya el 40% del total.

El 73% de los turistas que eligen apartamentos turísticos en la Costa Blanca para pasar sus vacaciones lo hacen ya en viviendas alegales (63 millones de pernoctaciones al año). Una oferta de alojamiento irregular que en la provincia supone alrededor de 500.000 plazas potencialmente alquilables a lo largo del año, repartidas en 125.000 viviendas. En el conjunto de España, la oferta no reglada representa el 67%, siete puntos menos. El alojamiento «sumergido» mueve unos 800 de euros al año en la Costa Blanca, aunque la Confederación Española de Alojamientos y Apartamentos Turísticos (Cehat), eleva la cifra hasta los 2.500 millones de euros.

La provincia registra anualmente en torno a las 90 millones de pernoctaciones de turistas en apartamentos, de los que 63 millones se realizan en viviendas que no están registradas. Una cifra desproporcionada en comparación con los 15 millones de pernoctaciones en los hoteles y que triplica a la de los apartamentos legales (23 millones). Una cifra que ha disparado la competencia desleal con los 28.077 propietarios de viviendas registradas en la provincia (83.706) que ven como, año tras año, va aumentando la presión sobre su actividad, el alquiler legal.