El Tribunal Supremo ha dado la puntilla definitiva al polémico Plan Rabasa que comenzó su tramitación hace una década y preveía la construcción de 13.500 viviendas. El fallo, sobre el que no cabe recurso ordinario, estima en parte los alegatos de Enrique Ortiz, pero considera que en la tramitación del plan urbanístico se dan irregularidades suficientes como para ratificar la nulidad de todos los actos administrativos, desde la homologación del Plan Parcial, a la aprobación del PAI y la adjudicación a Viviendas Sociales del Mediterráneo.
La sentencia confirma así la posición del Tribunal Superior de Justicia, que a mediados de 2013 daba la razón a la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) y tumbaba el plan urbanístico por irregularidades en la adjudicación, así como el hecho de que se adjudicara en 2005 y el programa se aprobara en 2006, por la carencia de autorización ambiental o la falta de garantías sobre la existencia de agua, entre otras cuestiones. El TSJ dictó varias sentencias en esa misma línea, entre ellas a instancias del PSOE y EU. Todas ellas fueron recurridas por Ortiz. Según ha podido saber este diario, el Supremo ha seguido el mismo criterio en todos los casos: el de confirmar la anulación del plan urbanístico.
En su resolución, el Supremo acepta en parte los argumentos de Ortiz, pero únicamente en lo referente a la clasificación del contratista y la publicación del plan en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. La sentencia del TSJ se modifica en esos dos aspectos, pero no en su resolución final de anular todos los actos administrativos que validaban el plan urbanístico al entender que «subsisten las razones» para la anulación del plan, en concreto «por la falta de sometimiento a información pública de la alternativa técnica finalmente escogida, cuando, como es el caso, esta última difiere sustancialmente de la alternativa técnica originaria». Para el supremos se trata de un «vicio determinante». El fallo desestima los argumentos de Ortiz en otras cuestiones, como la falta de evaluación ambiental estratégica o la ausencia de garantías de recursos hídricos. Sobre este asunto, el Supremo sostiene que «no cabe, en efecto, la aprobación de dicho plan con el informe expreso de la administración hidrológica en contra» y recuerda que la sentencia del TSJ constataba que no existía ese informe favorable, además de «constatar que incluso tampoco hay agua» por no estar construida la «necesaria estación depuradora».
El fallo confirma así la anulación de la aprobación de la homologación y el plan parcial de Rabasa por parte de la Conselleria de Medio Ambiente de mayo de 2009, la adjudicación municipal del PAI a Viviendas Sociales del Mediterráneo de abril de 2005, el acuerdo del Ayuntamiento por el que se aprobaba el PAI en junio de 2006 y la aprobación del texto refundido en 2008.
La resolución del Supremo supone la anulación definitiva del Plan Rabasa, que urbanizaba cuatro millones de metros cuadrados. Una vez anulado el plan urbanístico, los terrenos se mantienen como no urbanizables, a la espera de que se resuelva la posible Actuación Territorial Estratégica en la zona que Ortiz comenzó a tramitar después de las primeras sentencias anulatorias en 2013. Con esa figura urbanística, el promotor pretende dar viabilidad a la instalación de Ikea en Rabasa. Desde la promotora, Alicante Avanza, sostienen que la resolución del Supremo no afecta a la tramitación del ATE, teniendo en cuenta que esta figura urbanística puede ordenar terrenos no urbanizables.
El ATE que en estos momentos tramita el Consell modifica la esencia residencial del Plan Rabasa para plantear una actuación que gira en torno a un macrocentro comercial, al que tanto Ayuntamiento como comerciantes y diferentes colectivos sociales y económicos se oponen. De los cuatro millones de metros cuadrados que preveía el Plan Rabasa, el ATE ordena 2,4 millones de metros cuadrados. Por tanto, de salir adelante la Actuación Estratégica, los 1,6 millones de metros cuadrados que no se incluyen en ella se mantendrían como no urbanizables. Queda por ver, no obstante, si finalmente el Consell aprueba el ATE o la retira. Si, finalmente, el ATE no sale adelante, decaería pues toda actuación urbanística en Rabasa.
El presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, Manuel Marco, celebró ayer la confirmación de la nulidad del Plan Rabasa y consideró que «el ATE es una continuidad» del mismo, por lo que reclamó que el nuevo Consell «sea sensible y no lo apruebe teniendo en cuenta que hay un rechazo social importante».
