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La UDEF mantiene que Ortiz pudo financiar a los hijos de Alperi

Los investigadores señalan «una relación incomprensible» del empresario con los bungalows

El último informe policial aportado al juez sobre las viviendas donde vivieron de alquiler los tres hijos del exalcalde Luis Díaz Alperi, dos de las cuales fueron compradas por las hijas con sendas hipotecas, mantiene las sospechas de que tanto el arrendamiento como la adquisición de los bungalows «pudieron ser financiados, en todo o parte, con capital proporcionado por terceras personas, pudiendo ser uno de ellos el señor Ortiz».

Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial de Alicante resumen en casi un centenar de folios el historial de las viviendas disfrutadas por los tres hijos de Alperi, a quien se le atribuye un delito de cohechocohecho. El uso de dichos bungalows sería, en opinión de la Policía, una de las contraprestaciones recibidas del constructor investigado por los presuntos amaños del Plan General de Alicante.

El estudio de los datos aportados por la Agencia Tributaria y los indicios detectados en las conversaciones telefónicas de Brugal evidencian, a juicio de la UDEF, «una incomprensible relación» por parte del empresario con los inmuebles propiedad de las dos hijas de Alperi y el alquiler de la vivienda ocupada por su hijo Otto.

Los tres bungalows se encuentran en la Playa de San Juan, donde fueron construidas en 2003 por la empresa Viviendas del Mediterráneo Orvi, cuyos administradores son Enrique Ortiz y Aurelio González Villarejo. Según el informe, tres años más tarde de concluir la construcción, las tres viviendas donde luego vivieron los hijos de Alperi fueron vendidas a la sociedad Jacobriz, una promotora con sede en Madrid, por 649.400 euros.

Los investigadores destacan unos correos electrónicos intervenidos en los ordenadores incautados en el registro de Cívica, la empresa de Ortiz. Están fechados en 2002, antes de que concluyera la construcción, y aparece una lista del estado de ventas de la promoción en la que figuran como vendidas dos viviendas, una a nombre de Elisa por 228.354 euros y otra a nombre de Edna por 222.660 euros. La Policía refleja que desconoce si Ortiz cuenta con familiares que se llamen así, pero precisa que así se llaman las dos hijas del exalcalde que luego ocuparon los bungalows. Asimismo, hacen referencia a otro archivo incautado en el servidor de Cívica sobre el estado de las ventas de la urbanización y donde aparecen con el código de «apalabrados» tres bungalows y el nombre de los tres hijos del exalcalde y el de Enrique.

La Policía señala que no puede detectar el origen del dinero transferido a Viviendas del Mediterráneo por Jacobriz porque la petición del juzgado al banco abarca un periodo temporal a la fecha de los pagos. No obstante, indica que en la contabilidad de Jacobriz se recoge que se pagó gracias a una aportación de 642.000 euros de Promociones González, del administrador mancomunado junto a Ortiz que construyó los bungalows.

El análisis sobre el alquiler de los tres bungalows indica que en el registro realizado en 2010 en casa de Ortiz se localizó copia firmada de los contratos de arrendamiento y opción de compra entre Jacobriz y los hijos de Alperi, sin que el constructor haya justificado el motivo porque «no tiene nada que ver con ninguna de las partes firmantes».

Los productos bancarios revisados por la Policía registran aportaciones periódicas de origen desconocido a la cuenta de Edna Díaz, donde al final domicilió el pago del alquiler. Primero fueron de 100 euros y luego de 600, cantidad suficiente para el alquiler, según la Policía. En cuanto al alquiler de la vivienda de Elisa Díaz, la Policía indica que el pago del alquiler se sustenta con la nómina del Ayuntamiento de Alicante, si bien también recibió algunos ingresos de origen desconocido y de su pareja. En cuanto a Otto, los investigadores no han detectado el pago del alquiler en sus cuentas, pero la demanda de desahucio no se presentó hasta tres años después de estar en el bungalow. El informe también recoge correos intervenidos que, según la Policía, indican que las viviendas ya estarían siendo ocupadas por los hijos de Alperi antes de la firma de los contratos de alquiler.

Cuando se vendieron dos de las casas a las hijas, la UDEF ha detectado transferencias periódicas a Edna que permitían el pago de la hipoteca, mientras que en el caso de Elisa, que recibió un préstamo de 200.000 euros, tenía su nómina recibió transferencias por 121.465 euros entre mayo de 2009 y septiembre de 2011. El informe concluye con un repaso a las escuchas telefónicas donde Ortiz muestra un «gran interés» en la operación de compraventa de los bungalows.

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