Cinco sociedades distintas pagaron hasta 189.100 euros al exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi dos años después de que éste dejara su cargo en el Ayuntamiento, cuando era diputado autonómico, según los últimos informes policiales entregados en el juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.
Los pagos se realizaron a Andarx Bussines, que los agentes consideran una sociedad instrumental sin actividad económica y cuyo único activo es la embarcación de recreo del exalcalde de la ciudad. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) analizan en la investigación las cuentas de Andarx entre los años 2010 y 2012 y los pagos recibidos, y destacan en su informe los servicios profesionales realizados personalmente por el exalcalde y que según las facturas consistieron en labores de asesoramiento.
En otros apartados del informe, la Policía concluye, además, que el empresario Enrique Ortiz pudo haber pagado parte o la totalidad de unas viviendas para los hijos de Alperi y que los papeles intervenidos al promotor confirman las principales líneas de investigación.
Las empresas que pagaron por los servicios del exalcalde de Alicante son el despacho de abogados Salvetti; una mercantil ligada al Casino de Alicante, Convalesa; una sociedad inmobiliaria, Blaurban; Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas; y Ancón Levante, vinculada a la alimentación.
El despacho de abogados Salvetti, vinculado al exconcejal socialista Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante, es uno de los clientes de la mercantil de Alperi y que, según la investigación abonaron hasta 17.740 euros en cuatro facturas diferentes. Otra mercantil llamada Blaurban, ligada también a Javier Gutiérrez, abonó a Alperi otros 11.800 euros en 2010 por las labores de asesoramiento integral en inversión inmobiliaria. Los letrados han sostenido que se trató de una prestación de servicios profesionales sobre diversas fincas sitas en Madrid que fueron debidamente facturadas y liquidadas. Ambos letrados están investigados por la trama del PGOU, ya que, según la Policía, a través de sus sociedades por un lado presentaban alegaciones al Plan General y por otro eran los encargados de resolverlas.
Otra de las empresas que figuran en la investigación es Convalesa, que está ligada con Acrismatic, la mercantil que explota el Casino en el Puerto de Alicante. La Policía destaca que de manera mensual y casi siempre en idéntica cantidad, «como si fuera una nómina», la mercantil ingresó cantidades que suman 27.100 euros en Andarx entre junio de 2010 y mayo de 2012. El informe incide en que «coincidiendo con ese periodo, y en la provincia de Alicante, sin inferir que este hecho tenga relación alguna con los pagos registrados, se llevan las negociaciones oportunas para que finalmente en el año 2009 se instale el actual Casino de Alicante en el Puerto, tras el cierre del de Villajoyosa». En 2010, el Casino de La Vila cerró sus puertas y, a partir de 2012, en Alicante la mercantil comenzó a impulsar nuevas áreas de negocio.
Sorea Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas fue la mercantil que mayor volumen de pagos realizó. Hasta 111.000 euros desde julio de 2010 hasta julio de 2012, por asesoramiento personal y servicios varios, como tasaciones, intermediación o la captación de activos, según la documentación de la Agencia Tributaria. La quinta mercantil es Ancón Levante, ligada al sector alimentario, y que contrató por otros 17.000 euros repartidos en dos pagos anuales al exprimer edil. El informe policial no concreta la relación de las tres últimas empresas con el Plan General, ni con el despacho de abogados, ni se pronuncia sobre si los trabajos de asesoramiento fueron reales
