El nuevo equipo de gobierno que dirija el Ayuntamiento de Alicante tendrá sobre la mesa numerosos asuntos a los que hacer frente. Unas «patatas calientes» que van desde la necesidad de redactar un nuevo Plan General que permita el desarrollo de la ciudad a resolver los desaguisados urbanísticos del Plantío o la Torre Placia para evitar que las arcas municipales acaben desembolsando indemnizaciones. La urgencia de elaborar un catálogo de edificios protegidos en menos de un año, la promoción turística para que la ciudad gane posiciones, el futuro de grandes contratas, como la de recogida de basuras -que estará en vigor al menos hasta el año 2021-, o las pendientes de licitar, como la limpieza de colegios o el mantenimiento del cementerio -las tres en manos de Enrique Ortiz- o resolver el conflicto entre ocio y descanso son otras cuestiones que debe afrontar el nuevo equipo de gobierno. Tendrá, además, el reto de garantizar la prestación de servicios públicos básicos, de llevar adelante medidas contra el paro o la pobreza y de buscar una solución a las inversiones pendientes con un importante hándicap: la deuda municipal.
El presupuesto que encontrarán está hipotecado por los 30 millones de euros consignados para amortizar deuda e intereses bancarios. Esa es una de las consecuencias de los dos rescates solicitados en el último mandato por valor de 75 millones de euros para pagar facturas pendientes. No es la única. El rescate municipal estaba condicionado a un plan de ajuste, con recortes y subidas de tasas e impuestos, que el gobierno entrante tendrá que ver si quiere y el Gobierno le permite revisar. La deuda municipal se situaba en 138 millones de euros a principios de año. Una cantidad inferior a la de hace cuatro años, pero a costa de destinar un 13% del presupuesto a pagar a los bancos frente al 7% de 2011.
Otra de las cuestiones pendientes de resolver y vitales para la ciudad será la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que promueve Ortiz en Rabasa. Los grupos políticos que conformarán la nueva corporación (PP, PSOE, Guanyar Alacant, Ciudadanos y Compromís) ya se han pronunciado en contra del macrocentro comercial y a favor de Ikea, si bien será el nuevo Consell el que tenga la última palabra sobre el proyecto cuando acabe el periodo de alegaciones. En ellas, los diferentes colectivos reclaman la transformación radical del proyecto para que no gire en torno al comercio o su retirada.
El nuevo equipo de gobierno se topará con infraestructuras que el Consell dejó pendientes, como el túnel del tranvía en la Serra Grossa paralizado a medio construir desde hace cuatro años. Reivindicar otras inversiones pendientes al Consell está en la lista de deberes del nuevo gobierno local. Se encontrará con la recién adjudicación de nuevas obras, como la rehabilitación de la estación de autobuses o del paseo de la Playa de San Juan, y deberá decidir si sigue adelante con las que el actual alcalde anunció y no se han licitado.
