El Ayuntamiento de Alicante aplicará la suspensión de licencias de edificación y demolición sobre al menos 107 inmuebles que quedan completamente desprotegidos a consecuencia de la imprevisión municipal de retirar el catálogo de edificios junto al documento del Plan General. La medida también se aplicará a algunos edificios que, sin estar integrados en ningún catálogo, está previsto proteger, como es el caso de las naves de la antigua Casa de Máquinas junto a Séneca o el parque de Bomberos de la calle Italia. También se propone incluir el Asilo de Benalúa o los Depósitos de Agua de la Alcoraya.
Los técnicos cifran en más de 450 los edificios protegidos por el catálogo del PGOU, pero reducen la aplicación de la medida a un centenar de edificios. Lo hacen al excluir los que ya están declarados BIC y Bien de Relevancia Local y los que se encuentran protegidos por planes en vigor (274) así como los que se prevé proteger en planes que siguen sin aprobarse pero están en trámite (otros 72 inmuebles). La suspensión de licencias también tendrá efecto sobre los 77 yacimientos arqueológicos que se quedan sin protección con la retirada del Plan General. De esta forma, las restricciones en las licencias afectarán a más de 180 elementos, entre edificios y yacimientos arqueológicos.
Entre los inmuebles que se quedan desprotegidos y sobre los que se suspenderán las licencias de demolición y edificación se encuentran los colegios de Jesuitas y Teresianas, los juzgados de Benalúa, las ermitas del Moralet o de Villafranqueza, los antiguos depósitos de Campsa, la Casa de las Balsas de la Albufereta, la antigua estación de autobuses de Séneca, las escalinatas del Jorge Juan y el propio instituto. Además, hay decenas de edificios centenarios, por ejemplo en el entorno del mercado.
La suspensión de licencias es la fórmula legal por la que ha optado el Ayuntamiento para evitar que, una vez sea efectiva la anulación del Plan General y del catálogo de protección anexo, el patrimonio de la ciudad corra el riesgo desaparecer. La intención, según confirmaron desde Urbanismo, es convocar esta misma semana una Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente en la que aprobar la suspensión de licencias y el listado de bienes sobre el que se aplicará.
Como avanzó este diario, el informe jurídico de Urbanismo plantea tramitar un nuevo catálogo de protección al margen de la redacción del nuevo Plan General, con el fin de agilizar su confección y poder exponerlo al público en un año, que es el plazo en el que caducaría la suspensión de licencias.
El informe recoge que el catálogo del Plan General revisado pretendía unificar todos los bienes y espacios de interés del término municipal en un solo documento, por lo que contemplaba elementos que ya estaban protegidos como Bien de Interés Cultural o de Relevancia Local; incluidos en los planes especiales del Casco Antiguo y del Centro Tradicional; o que formaban parte de otros en trámite de aprobación, como el Plan de la Isla de Tabarca, el del Cementerio o el del sector OI/2 (estación de Renfe). A ellos se sumaban otros bienes que carecían de protección previa y que, según el informe, «son los que resultarían desprotegidos al desaparecer el catálogo del Plan General», distribuidos tanto en el casco urbano como en las partidas rurales.
El órgano competente para acordar la suspensión previa de licencias es la Junta de Gobierno Local, que aprobará la medida de forma extraordinaria antes del cambio de Corporación.