Hasta 77 yacimientos arqueológicos que no han sido declarados hasta la fecha como Bien de Interés Cultural, y que estaban previstos o propuestos como tales en el Catálogo de Inmuebles Protegidos, figuran entre los elementos carentes de protección legal tras la retirada del Plan General de Alicante en su conjuntocarentes de protección legal . Una decisión que tomó el equipo de gobierno del Ayuntamiento sin mantener, para tramitarlo de forma independiente, el inventario de inmuebles protegidos, donde figuran 583 edificios, aunque alrededor de 200 sí están amparados por otros planes vigentes.
La mayoría de estos yacimientos por proteger están en el entorno de la Albufereta, según avanzó ayer el alcalde, Miguel Valor, quien recibió el informe encargado de forma urgente la semana pasada al departamento jurídico municipal, en el que ha participado el área de Urbanismo, para evitar la destrucción del patrimonio. El informe propone redactar y tramitar el catálogo de protecciones como un instrumento urbanístico autónomo, con independencia del Plan General, y suspender de forma cautelar las licencias de demolición y de edificación en los elementos susceptibles de protección y que carezcan de ella, como ya publicó este diario. También apuesta por añadir elementos sobre los que el pleno municipal ha adoptado acuerdos para su inclusión en el catálogo, como el asilo de Benalúa o los depósitos de agua de La Alcoraya, así como las solicitudes de personas y entidades sobre la catalogación de determinados elementos cuya inclusión en el ámbito de la suspensión de licencias habrá de valorar la Corporación.
El informe recoge que el catálogo del Plan General revisado pretendía unificar todos los bienes y espacios de interés del término municipal en un solo documento, por lo que contemplaba elementos que ya estaban protegidos como Bien de Interés Cultural o de Relevancia Local; incluidos en los planes especiales del Casco Antiguo y del Centro Tradicional; o que formaban parte de otros en trámite de aprobación, como el Plan de la Isla de Tabarca, el del Cementerio o el del sector OI/2 (estación de Renfe). A ellos se sumaban otros bienes que carecían de protección previa y que, según el informe, «son los que resultarían desprotegidos al desaparecer el catálogo del Plan General», distribuidos tanto en el casco urbano como en las partidas rurales.
El órgano competente para acordar la suspensión previa de licencias es la Junta de Gobierno Local, que aprobará la medida de forma extraordinaria antes del cambio de Corporación. La suspensión de licencias contemplada en la ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje da un plazo de un año para llevar el inventario a exposición pública, «inviable para tener redactado un nuevo Plan General y que sí permitiría, trabajando intensamente, formalizar un catálogo de protecciones», reza en el informe jurídico.
«La idea es que no exista desprotección ni un día, de ahí la solución legal, con la que se salva la situación perfectamente», dijo Valor, que no pudo cuantificar cuántos edificios estarán incluidos.
