El Ayuntamiento de Alicante en bloque aprobó ayer, en el último pleno del mandato y a menos de un mes de las elecciones, tres iniciativas para paralizar la fábrica de abonos proyectada en Fontcalent y limitar la instalación de nuevas plantas de residuos en las partidas rurales, cuyos vecinos acudieron a la sesión con mascarillas para protestar por los olores y molestias que padecen.
En el pleno no faltó el debate sobre el macrocentro comercial en Rabasa. El PP, una vez más, rechazó la suspensión del trámite de la Actuación Territorial Estratégica y también se opuso a anular la modificación del Plan General que aprobó en 2010 para viabiliza el macrocentro comercial en los terrenos junto a la autovía. Estos los dos grandes asuntos debatidos en la última sesión del mandato, que el alcalde, Miguel Valor, cerró con un pequeño discurso dando por cumplido su reto de «devolver la normalidad al Ayuntamiento», lo que arrancó el aplauso de todos los ediles, incluida la oposición.
Si ya en el pleno anterior se aprobó una comisión para estudiar la posibilidad de declarar zona saturada para el tratamiento de residuos la zona de Fontcalent, ayer se aprobaron tres mociones. La que planteó el PSOE para la «paralización inmediata» del proyecto para una planta de abonos y escombros de obra en Fontcalent así como el «inicio del expediente» para declarar esta zona saturada para la recepción de este tipo de residuos.
También se aprobó la de Esquerra Unida para modificar el actual Plan General a fin de que «en las partidas rurales no se puedan instalar ni nuevas plantas de tratamiento o vertido de residuos ni más industrias contaminantes», suspendiendo mientras tanto la tramitación de licencias para este tipo de actividades y pidiendo al Consell que no autorice nuevas instalaciones. UPyD, por su parte, planteó una comisión para estudiar la instalación de medidores de calidad del aire.
El PP aprobó todos los acuerdos, pero en su intervención propuso que en la comisión que se cree se «maticen» los acuerdos, teniendo en cuenta la opinión de los técnicos. La portavoz del equipo de gobierno y edil de Urbanismo, Marta García Romeu, aclaró que, por ejemplo, «no existe el concepto de zona saturada de residuos, pero sí se puede limitar, restringir o prohibir los usos».
Pese a la buena sintonía que imperó en el último pleno del mandato, no hubo consenso en el debate sobre el macrocentro comercial de Rabasa. EU pidió la suspensión del ATE y reclamó anular la modificación «a la carta» del Plan General vigente que el equipo de gobierno aprobó en 2010 para posibilitar y limitar la implantación de un centro comercial de máxima categoría como el que plantea ahora Alicante Avanza participada por Enrique Ortiz junto a la autovía y la avenida de la Universidad. El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, recordó que se trata de una modificación del planeamiento que «está siendo objeto de investigación» dentro de la causa abierta por el presunto amaño del Plan Rabasa.
Con la anulación de la modificación del PGOU, «el centro comercial sería inviable», apuntó Pavón. «No condicionen la llegada de Ikea a Rabasa», reclamó la edil socialista Loles Fernández en apoyo a la propuesta de EU. «Entiendo que la modificación del Plan General no es relevante, pero sí la retirada del ATE», sostuvo el portavoz de UPyD, Fernando Llopis, que se abstuvo en el primero y votó a favor del segundo.
El PP votó en contra de la iniciativa en su conjunto, con la ausencia del edil Juan Zaragoza. El edil Carlos Castillo fue, por designación del alcalde, quien justificó la postura popular. El concejal defendió la «legalidad» de la modificación del PGOU y consideró «incoherente pretender que llegue inversión de la mano de Ikea y empezar de cero, lo que condenaría a la ciudad al mito de Sísifo».
El edil agregó que están «tratando de avanzar en la llegada de inversión y modular un proyecto» y consideró que el promotor «parece estar en disposición de modificarlo». Según Castillo es una «oportunidad de crecimiento y de desarrollo». Agregó que los informes coinciden que «la superficie comercial del llamado macrocentro es desmesurada y puede provocar impactos negativos en la estructura comercial de la ciudad. Vamos a cumplir los plazos (para alegar) e ir de la mano del comercio», apuntilló Valor.
En el pleno también salieron adelante la ordenanza de vados, la distinción al jefe de la Policía Local, José María Conesa, así como el reconocimiento póstumo al autor del himno de Alicante Juan Latorre Baeza así como una comisión para agilizar las ayudas económicas para rehabilitar las viviendas de Ciudad Elegida a petición de EU.
No se aprobaron otras peticiones de este grupo, como la creación de un consejo de protección animal, o la de una comisión para la normalización lingüística de la ciudad, si bien el alcalde se comprometió a defender su uso. Se aceptó un ruego del PSOE para actuar en las obras denunciadas por los vecinos de Torre Don Juan y se rechazó la declaración institucional de UPyD sobre destinar a usos audivisuales el edificio de Ciudad de la Luz.
