El vicealcalde de Alicante y concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, ha defendido la legalidad de la adjudicación de la contrata de limpieza y mantenimiento del Cementerio de la ciudad, por la que ha declarado este jueves en calidad de testigo.
Así ha manifestado que la tramitación contó "con los informes favorables de la Intervención y de la Asesoría Jurídica" y que en ese momento pidió "un informe, antes de la adjudicación provisional, al jefe de Contratación Municipal, José María Simón, para que corroborara que la tramitación había sido correcta".
El titular del juzgado de Instrucción número 1 investiga, a raíz de una denuncia del PSPV, la adjudicación del servicio a la empresa Enrique Ortiz e Hijos. Llorens ha declarado en calidad de testigo, a petición de uno de los dos funcionarios imputados, Diego Agulló. También se investiga a un técnico municipal ya jubilado, Víctor López.
Llorens ha relatado, en atención a los medios tras declarar, que ha contestado a preguntas relativas "a los informes de los técnicos para la contestación del recurso" elevado por el PSPV. Así, ha indicado que ha respondido "a todas las preguntas" y "con el ánimo de colaborar con la justicia", "de esclarecer" así como dejar constancia de "la realidad que conozco de este procedimiento, primero en la tramitación de la convocatoria y luego con la adjudicación".
A preguntas de los medios, Llorens ha dicho que se ha incidido desde la Fiscalía "en corroborar si había pedido los informes para contestar al recurso socialista". "Pensé en contestar al recurso con informes de técnicos ajenos al área de Atención Urbana, que no tuvieran nada que ver con el jefe del Servicio que había hecho la adjudicación para tener la total tranquilidad de que se había hecho correctamente", ha dicho.
Llorens ha puntualizado que también para su propia tranquilidad "porque el contrato anterior se había anulado" y porque ese nuevo "iba a estar mirado con lupa, mediáticamente tenía mucha trascendencia y por la oposición".
Además, ha señalado que, cuando el grupo municipal socialista presentó el recurso, optó porque la contestación "no la hicieran técnicos de Atención Urbana, sino técnicos de Urbanismo y de Comercio y Mercados".
De los técnicos municipales elegidos ha destacado su "gran profesionalidad" y que contaban con "mucha experiencia", por lo que entendió que eran "los idóneos y los que quería que contestaran al recurso para garantizar efectivamente que todo se había hecho bien, con transparencia, ajustado a derecho y con la total legalidad".
EL ABOGADO DE AGULLÓ PEDIRÁ SOBRESEIMIENTO
El técnico Diego Agulló ha sido quien ha solicitado el testimonio del concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens. En ese sentido, su abogado, Miguel Ángel Monserrat, ha señalado que pedirá el sobreseimiento de la causa para su cliente ya que a su entender la declaración del concejal "avala" lo que dijo su cliente cuando testificó como imputado.
Ha afirmado que Andrés Llorens ha reconocido que pidió a Agulló, como técnico de Comercio, un informe que "llegó tarde" y que por tanto "no se incluyó" en el concurso de adjudicación.
La comparecencia del edil es una de las últimas diligencias que quedan por practicar en esta investigación penal antes de que se decrete la apertura de juicio oral. A los dos técnicos procesados se les imputa un delito de prevaricación, al haber indicios de que pudieron favorecer al promotor en este concurso. Son el que fuera jefe de servicio de la Concejalía que dirige Llorens, Víctor López, ya jubilado, y Diego Agulló.
La investigación se inició en 2010 a raíz de la querella interpuesta por la mercantil Multiservicios Tritón SL, otra de las aspirantes al citado concurso público.
El servicio de limpieza y mantenimiento del camposanto municipal fue adjudicado a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos por 774.801 euros sin IVA, mientras que la oferta de Multiservicios Tritón era de 723.083 euros. Esta última empresa presentó entonces una querella al entender que el adjudicatario había gozado de un trato de favor.
El servicio de limpieza y mantenimiento del cementerio de Alicante seguía hasta ahora en manos de Enrique Ortiz mediante una prórroga del contrato. Sin embargo, el nuevo alcalde, Miquel Valor, ha decidido someter ese servicio a un nuevo proceso de licitación en el marco de una campaña para revisar distintas adjudicaciones municipales que también ha afectado a las infraestructuras para eventos y fiestas a favor de la empresa Isjoma.
