El vicealcalde y concejal de Atención Urbana de Alicante, Andrés Llorens (PP), declara esta mañana en calidad de testigo en el juzgado de Instrucción 1 de la ciudad por la adjudicación al empresario Enrique Ortiz de la contrata de limpieza y mantenimiento del cementerio municipal.
La comparecencia del concejal es una de las últimas diligencias que quedan por practicar en esta investigación penal antes de que se decrete la apertura de juicio oral.
En la causa están procesados dos técnicos del ayuntamiento por un delito de prevaricación, al haber indicios de que pudieron favorecer al promotor en este concurso.
Son el que fuera jefe de servicio de la concejalía que dirige Llorens, Víctor López, ya jubilado, y Diego Agulló, mientras que el titular del juzgado, Santiago Hoyos, exculpó en su día a un tercer técnico municipal al entender que su actuación en la tramitación del expediente no era constitutiva de infracción penal alguna.
La investigación se inició en 2010 a raíz de la querella interpuesta por la mercantil Multiservicios Tritón SL, otra de las aspirantes a hacerse con la contrata, por un supuesto trato de favor a Ortiz.
El servicio de limpieza y mantenimiento del camposanto municipal fue adjudicado a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos SL. por 774.801 euros sin IVA, mientras que la oferta de la querellante era de 723.083 euros.
Un informe pericial aportado en la causa refleja que los técnicos aplicaron diferentes criterios para valorar las ofertas presentadas por una y otra mercantil.
El que fuera jefe de servicio de Atención Urbana dirigió las prescripciones del concurso como máximo responsable del área y la investigación ha demostrado que dos de sus hijos tienen o tuvieron en algún momento una vinculación laboral con otra de las sociedades de Ortiz, Inusa, que se encarga de la limpieza viaria y recogida de residuos en Alicante.
Víctor López se encuentra encausado en otros dos procesos penales al margen de éste, uno de ellos se centra en la adjudicación del contrato para el montaje de escenarios e infraestructuras para fiestas y eventos a la mercantil Isjoma SL.
En el otro, referido a unas obras complementarias en la plaza de Magallanes, ya ha sido abierto el juicio oral y se enfrenta a una condena de hasta cuatro años de prisión y siete de inhabilitación.
Precisamente por esta última causa deberá ser juzgado también en la Audiencia Provincial de Alicante Andrés Llorens, para quien la fiscalía Anticorrupción reclama provisionalmente tres años de prisión, nueve de inhabilitación y una multa por delitos de prevaricación y falsedad documental.
