Míriam Hernández (32 años) es una de las miles de personas que se han visto obligadas a emigrar de la provincia durante los últimos años en busca de un futuro laboral. Su primera salida se produjo en 2004, cuando cursaba sus estudios universitarios. Se marchó a Bristol (Reino Unido) con una beca Erasmus de 10 meses, pero terminó pasando allí dos años. Cuando perfeccionó su inglés regresó a Alicante y tuvo «la suerte» de cubrir una baja maternal en una agencia de publicidad.
Pero de nuevo, emigró. Esta vez, a Estados Unidos. «Estuve en el departamento de organización de eventos de una entidad sin ánimo de lucro. Fue una de las mejores experiencias profesionales que he tenido», recuerda. Esos meses en Washington D.C. los pudo pasar gracias a otra línea de becas llamada Integrants.
A continuación emprendió el camino de vuelta. «Justo después trabajé en Valencia en el Palau de les Arts Reina Sofía, como secretaria de Doña Helga Schmidt. Fue una experiencia dura y muy peculiar. No pude quedarme porque en 2009, según me informó Recursos Humanos, se produjo un recorte del 18%», afirma.
Tras quedarse en el paro encontró de nuevo trabajo en el extranjero: «También estuve trabajando en Accra (Ghana) en la Embajada de España a través de la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo durante dos años. Me encargaba de gestionar el presupuesto de cooperación cultural bajo la supervisión de la propia Embajadora».
Y ahora se encuentra en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), donde trabaja como Cultural Events and Festival Project Executive en una fundación llamada ADMAF (Fundación de Música y Artes de Abu Dhabi): «Me encargo de la coordinación de las operaciones y de la producción de los eventos».
Currículum y formación, por tanto, no le faltan. Sin embargo, no se ve de nuevo de vuelta en la provincia. ¿Por qué? Por dos motivos. «En Alicante, después de trabajar uno o dos años en un sector en concreto, todo el mundo se conoce. Existe cierto nivel de camaradería en el que todo funciona porque éste o ésta es mi amigo o me debe un favor», afirma. Esa es la primera causa. Y la segunda es la dificultad de encontrar un trabajo estable. «Los salarios no son dignos. Como mínimo, cualquier trabajador a jornada completa debería cobrar entre 1.000 y 1.500 euros. Muchas organizaciones se aprovechan de la necesidad que existe de trabajo y, a pesar de poder permitirse pagar un salario más alto, no lo hacen porque no quieren, ya que saben que otra persona aparecerá», agrega.
Y concluye: «Mi deseo es que durante estos años se haga una limpieza exhaustiva de la corrupción. No sólo de los que roban fondos públicos, sino de los que emplean personas en negro y también de aquellos que ponen puestos de trabajo inferiores en el contrato laboral, por ejemplo administrativo cuando uno trabaja como director de marketing. Eso también es corrupción».
