El comercio y el Ayuntamiento de Alicante escenificaron ayer su unión contra el macrocentro comercial que impulsa el Consell en terrenos de Rabasa bajo la figura de Actuación Territorial Estratégica (ATE) y su decisión de ir de la mano en una alegación conjunta para reducirlo. El alcalde reunió ayer a los colectivos de comerciantes junto a técnicos municipales y varios concejales y coincidieron en su apoyo a la llegada de Ikea, pero no así a la superficie comercial que prevé el plan en las diferentes parcelas y que lo convertiría en el tercer mayor complejo de España. De esta forma, acordaron ir de la mano en la elaboración de una alegación conjunta encaminada a lograr una reducción de la oferta comercial prevista, que suma 184.920 metros edificables (158.500 metros de superficie bruta alquilable).

Ayer se esbozaron algunas de las líneas clave a seguir en las alegaciones, que harán hincapié en los problemas de tráfico que generará en la ciudad la gran superficie comercial proyectada. En esa línea, se incidirá en la barrera entre los barrios que provocarán los grandes viales previstos para enlazar la actuación con el núcleo urbano, la sobrecarga del tráfico que provocará en la ciudad o la insuficiencia de los accesos desde la autovía. «No queremos el colapso de la ciudad», aseguró el alcalde, Miguel Valor, quien incidió en la «falta de claridad» y concreción del plan sobre los viales y los diferentes usos previstos.

El proceso para consensuar una alegación al ATE de Alicante Avanza participada por Enrique Ortiz arrancó ayer en un encuentro al que asistieron la mayoría de las asociaciones de comerciantes (Colectivo de Comerciantes por Alicante, Corazón de Alicante, Facpyme, Fecoema, Copybad, Más que Centro, Mercados Municipales, Plataforma Séneca, Santo Domingo, Benalúa, Florida y Maisonnave) que ya pusieron sobre la mesa algunas de sus reclamaciones, como el que se valore no solo el empleo que generará la actuación, también el que se destruirá. Otro planteamiento fue que la promotora compense el desequilibrio que generará la actuación con inversiones que mejoren el atractivo en otras zonas de la ciudad. Cada colectivo comercial concretará ahora sus propuestas, se pedirá dictamen a los consejos Social y de Comercio de la ciudad -en los que están integrados colectivos comerciales, sociales y empresariales de la ciudad y el alcalde encargará informes sobre las necesidades de infraestructuras viarias a sus técnicos, así como uno a la Universidad de Alicante sobre el impacto de la actuación en la ciudad y el tráfico.

Un proceso de consenso, con un calendario de reuniones, que culminará con una alegación conjunta elaborada con el asesoramiento de los técnicos de diferentes áreas municipales y un informe al plan realizado por el Ayuntamiento de Alicante que, según el alcalde, respaldará las reivindicaciones de los comerciantes poniendo de relieve las carencias detectadas en el plan. Un proceso que, según la hoja de ruta marcada por el regidor, apurará los plazos del proceso de participación pública, que según apuntó culmina el 13 de mayo.

El alcalde, Miguel Valor, marcó la postura municipal: «Ikea sí, pero creemos que hay que mejorar el proyecto con las alegaciones que acordemos». El regidor indicó que Ikea ocuparía unos 35.000 metros cuadrados y que «nadie pone pegas» a ello, pero sí considera necesario «reconsiderar» el resto de superficie comercial del plan por su impacto en la ciudad, en el comercio y en el tráfico. La edil de Comercio, Belén González, abogó por limitar el suelo comercial en todo el ATE (a los 125.000 metros cuadrados edificables de la manzana del macrocentro se suman otros 33.435 en las parcelas terciarias complementarias y 26.435 en el parque científico). En esa línea abogó por que se «racionalice» la superficie, detallando más los usos propuestos con el fin de reducir la oferta comercial en todas ellas y que la actividad complemente a la existente y no la sustituya, como exigen los colectivos de comerciantes. La edil advirtió de que la ley establece la libre implantación de empresas y de competencia. Algo que también tienen claro los comerciantes, por lo que las alegaciones se apoyarán en cuestiones como la falta de concreción del plan sobre los usos o el impacto que tendrá la gran superficie comercial prevista sobre el tráfico o el medioambiente.

Así lo indicó el presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, Domingo Martín, quien recalcó la «barrera» entre barrios que generarán los dos grandes viales previstos para conectar el sector con la ciudad. «Hay un problema de accesibilidad», añadió Martín, quien también aludió a la falta de definición del plan sobre los usos comerciales en la parcela del parque industrial, en la que se sólo se refleja que tendrán cabida comercios salvo hipermercados, centros comerciales de segunda y tercera categoría. En esa misma línea se mostró el vicepresidente del colectivo y presidente de Corazón de Alicante, Vicente Armengol, quien agregó que «no se dice qué operadores van» e incidió en que «no queremos más de lo mismo».

La edil de Urbanismo, Marta García-Romeu planteó la necesidad de que el proyecto disponga de infraestructuras «que garanticen la conexión con el resto de la ciudad sin sobrecargar el tráfico ya existente». Al respecto, señaló que en la próxima reunión prevista el 1 de abril- los técnicos municipales «ya presentarán informes detallados que den solución a este problema». El edil de Imagen Urbana, Adrián Santos, incidió en los problemas de movilidad considerando «insuficiente» el viario previsto para los peatones y la falta de amplitud de las aceras, así como los problemas de conectividad que generará en los barios el diseño de los grandes viales previstos y que no se define la red viaria secundaria.

El edil de empleo, Carlos Castillo, consideró importante la ampliación de la superficie empresarial industrial y que la zona tiene potencial para incentivarlo. No obstante, como avanzó este diario, el plan posterga el desarrollo del parque científico y deja en el aire la superficie industrial que albergará, pues solo concreta la proporción que habrá de comercial y residencial.

Sostenibilidad

El portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, reclamó también el informe del consejo de sostenibilidad para evaluar los impactos ambientales y calificó el ATE de «avanzadilla del Plan Rabasa» el de UPyD, Fernando Llopis, calificó de «poco trabajadas» las propuestas de las diferentes concejalías.