Son casas que no hace mucho tiempo acogieron a familias que por no poder hacer frente a una hipoteca fueron desahuciadas. Estas viviendas, ahora propiedad de los bancos, se encuentran vacías y en muchos casos en un estado de abandono. Hay miles en toda España, como también son miles las familias que padecen el problema de no tener un hogar. Cansados de esta situación, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca-Stop Desahucios decidieron que ya era hora de pasar a la acción y en los últimos meses han ocupado en la provincia ocho de estas viviendas en las que han realojado a familias en extrema dificultad. Cuatro de las casas están en la ciudad de Alicante, dos en Orihuela y otras dos en Elche.
La iniciativa se integra en la denominada «Obra social» de la plataforma. «Existe un derecho constitucional a que todo el mundo tenga una vivienda digna, pero al que el Gobierno no está dando una respuesta. Y aunque es una responsabilidad que a nosotros no nos corresponde, tampoco podemos permitir que haya gente en la calle cuando existen tantas casas vacías», explican Reme Ruiz de León y Marisol Yañez, de la «Obra social» de la plataforma.
Estas ocho casas están ahora ocupadas por familias en una situación extrema y que lo han perdido todo en esta crisis. «Son personas con hijos pequeños a su cargo o enfermas y todas tienen en común que llevan años pidiendo una vivienda al EIG -antiguo IVVSA- y al Patronato de la Vivienda».
Es el caso de F. C., padre de una niña de 10 años, quien de la noche a la mañana se vio entregando su casa como dación en pago y sin la posibilidad de poder acceder a un alquiler social. Él y su familia viven desde finales del año pasado en una de las cuatro casas propiedad de los bancos que la plataforma ha ocupado en la ciudad de Alicante. «Tengo una hija pequeña, ¿qué otra cosa podía hacer?», se pregunta. Con el dinero que cobra su mujer como interna pagan la luz de la vivienda, mientras él sigue buscando un empleo que permita que las cosas vayan mejor.
En otra de las casas de Alicante vive junto a su hijo I., quien prefiere no dar más referencias sobre su identidad. En paro desde hace años, antes de entrar a la que es ahora su hogar, tuvo que pasar «por el albergue, por una vivienda de reinserción que gestionaban unas monjas y por una habitación alquilada por la que pagaba 150 euros al mes». En su casa sólo entran los 420 euros mensuales que cobra de un subsidio, «por lo que tampoco tenía muchas más opciones que esta para poder vivir bajo un techo». Esta madre soltera reconoce que si hace unos años le hubieran dicho que viviría de okupa «a lo mejor me hubiera echado las manos a la cabeza, igual que cuando tuve que ir por vez primera al albergue, para mí fue un trauma». Pero después de tantos palos, añade, «el criterio te cambia».
Los únicos requisitos que se piden a las familias que ocupan estas viviendas es que las mantengan cuidadas y paguen la comunidad de vecinos. «El banco no paga nada por ellas, las tiene cerradas y completamente abandonadas», señalan las responsables de la «Obra social» de la plataforma. Las ocho viviendas ocupadas en la provincia proceden de desahucios. «Jamás nos hemos planteado ocupar la casa de un particular», afirman.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca calcula que sólo en la provincia de Alicante hay 65.000 viviendas en esta situación. A su juicio, no se trata sólo de ofrecer a la persona un techo bajo el que vivir. «Está demostrado que tener una vivienda es el primer paso para que la persona logre salir de la exclusión. De ahí que hayamos puesto en marcha esta campaña para recuperar viviendas vacías y ofrecérselas a personas que de verdad lo necesitan».
Y es que el papel que las administraciones están jugando en el drama de los desahucios es, a todas luces, insuficiente. «La gente está esperando años para acceder a viviendas del Patronato o la EIG, entidades que han demostrado su incapacidad para solucionar este problema», explican Reme Ruiz de León y Marisol Yañez. En cuanto a los alquileres sociales, «se dan por un periodo de tres a cinco años, ¿después qué pasa con las familias?», se preguntan. Además, «el coste de estos alquileres es altísimo, de 200 o 300 euros al mes. No todas las familias los pueden pagar y hay otras muchas que carecen por completo de ingresos, ¿qué pasa con estas personas? ¿las dejamos en la calle?».
