La crisis ha pasado factura a los colegios profesionales de la provincia, que ahora empiezan a remontar tras redoblar sus esfuerzos con iniciativas novedosas. Es el caso del Colegio de Arquitectos, que durante los años más duros vio reducir la actividad de visados en un 93%, al estar estrechamente unida a la construcción.

«Fue una caída muy grave que afectó al funcionamiento. Nos obligó a adaptarnos y a ir muy ajustados. Todavía hay muchos colegiados que se dan de baja cuando no tienen trabajo y que vuelven cuando lo encuentran. Hemos tenido que adaptarnos y dar incluso más servicio», explicó el presidente de la entidad, Antonio Maciá. La situación les hizo ser audaces, afirmó, y buscar fórmulas para conseguir servicios que dieran financiación al no poder apoyarse en las cuotas. Por ejemplo, citó, una red provincial para vincular empresas con ciudadanos; la unificación de los visados en todo el ámbito territorial mediante una aplicación informática que reduce el tiempo de tramitación; y, a nivel de formación, la adaptación a Europa.

En el caso de los abogados, el decano, Fernando Candela, dijo que la Administración no tiene conciencia de la importancia del trabajo de la abogacía para sustentar la paz social, en referencia a los retrasos y recortes en los honorarios de los abogados del turno de oficio, que han caído un 62%. «Ya no es una cuestión económica, sino un atentado a la dignidad del profesional».

Pese a lo que pudiera pensarse, el Colegio de Administradores de Fincas no ha caído durante la crisis en ingresos ni colegiaciones, aunque han aumentado los litigios. El Colegio de Economistas ha visto recortarse un 13% la actividad de sus servicios profesionales y un 3% el empleo. «Tenemos una especie de turno de oficio para peritaciones que no se cobra. Las retribuciones son ridículas por volúmenes de trabajos ingentes», concluyó su presidente, Francisco Menargues.