El Ministerio de Hacienda se ha convertido en un «Gran Hermano» que vigila hasta el más mínimo detalle económico de los ayuntamientos alicantinos. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha redoblado la presión sobre las entidades locales y les ha obligado a explicitar al máximo su previsión de ingresos y gastos para este año. Así se desprende del documento que el Gobierno central ha remitido ya a todos los ayuntamientos y la Diputación. En concreto, se trata de una guía de 69 páginas en la que Hacienda desgrana uno a uno los pasos que deben seguir las entidades locales para comunicar a Madrid su previsión de gastos e ingresos para 2015. Se ofrecen instrucciones, se explica qué datos deben transmitirse por vía telemática y se adjunta una serie de cuadros que las corporaciones están obligadas a rellenar. Es en estos últimos donde se aprecia el celo del Ejecutivo central para que consistorios e instituciones provinciales no se desvíen del objetivo de déficit, una de las principales preocupaciones del Ministerio durante la última legislatura.
Los ayuntamientos y la Diputación deberán explicitar, entre otros apartados, qué cantidad de dinero esperan recaudar este año en multas de tráfico, por infracciones urbanísticas y por irregularidades tributarias. Además, Hacienda reclama información concreta sobre ingresos por licencias; sobre los impuestos ligados al ladrillo, como el de Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO); sobre los fondos europeos que espera recibir la corporación; e incluso sobre tasas como la compensación que les abonará Telefónica. Es decir, quiere una previsión de todas las partidas del presupuesto pese a que muchas entidades locales todavía no han aprobado esas cuentas en sus respectivos plenos municipales. Por reclamar, el departamento de Montoro reclama hasta la recaudación de una hipotética venta de «objetos valiosos» municipales.
La férrea vigilancia financiera de Hacienda se extiende también al apartado de gastos. El Gobierno también ha solicitado a los municipios y la Diputación la previsión de fondos que prevén destinar en gastos de personal... incluidas las retribuciones que recibirán los cargos públicos por asistencias a comisiones y otras reuniones. También les ha reclamado el número de asesores que tendrán, los incentivos que se abonarán en concepto de rendimiento y las aportaciones a planes de pensiones. Es decir, quiere saberlo prácticamente todo.
El Gobierno central ha solicitado además los vencimientos de deuda que deberán afrontar las corporaciones durante los próximos 10 años y las nuevas obras que prevén ejecutar los distintos ayuntamientos. No solo han de informar de qué tipo de actuación se prevé llevar a cabo, sino que ha pedido incluso el dinero que se pretende gastar en ellas hasta 2018.
El vicepresidente segundo de la Diputación, responsable de Hacienda en la institución y alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio (PP), ha preferido quitar hierro a la presión de Madrid. Afirma que son los tesoreros municipales los encargados de transmitir esa información y subraya que los datos que solicita Hacienda son «meras estimaciones». «Es un tema contable del que se encargan los funcionarios. Todo lo que sea transparencia es positivo, porque si el Ministerio detecta algo extraño, podría adoptar medidas preventivas», sostiene.
