El Ayuntamiento de Alicante abrirá un periodo de alegaciones de 15 días para que los perjudicados por la retirada del proyecto del Plan General que hoy se aprobará en el pleno puedan presentar alegaciones. Una medida con la que el equipo de gobierno local pretende evitar que los afectados por la anulación del documento puedan alegar «indefensión» ante los tribunales y que una futura resolución judicial pueda obligar a partir de cero en el trámite. No obstante, los técnicos municipales mantienen su posición en cuanto a que, al no haberse aprobado definitivamente el documento, «nadie ha podido adquirir derechos indemnizables», como reza el informe elaborado por el secretario municipal.

Previsiblemente, el PP incluirá hoy una enmienda en esa línea en la propuesta que presentará al pleno para reclamar al Consell la devolución del proyecto del Plan General bajo sospecha con el objeto de redactar uno nuevo. El equipo de gobierno rechazará, no obstante, todas las enmiendas que presentarán los grupos de la oposición. Entre ellas, las que presentan PSOE y EU para pedir que, junto a la retirada del Plan General, se solicite la paralización de la Actuación Territorial Estratégica de Ikea mientras no se resuelva la investigación judicial sobre el Plan Rabasa. EU pide, además, que se recoja como principal motivo del desestimiento del PGOU que está «bajo sospecha judicial» por su presunto amaño en beneficio de Enrique Ortiz.

Al respecto, la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Marta García-Romeu, avanzó que rechazarán todas las enmiendas de la oposición, a la que acusó de «mala intención política» y de «intentar confundir». La edil de Urbanismo justificó la decisión de desistir del Plan General en que comenzó a tramitarse hace más de una década en 1998 salió el concurso para adjudicar los trabajos, lo que ocurrió en 2001 y consideró que es una «oportunidad de mejorar un plan» que, admitió, «ha estado cuestionado». La concejal reconoció que en este mandato no se hubiera aprobado y que ahora se reelaborará «sin partir de cero», tratando de aprovechar los informes y documentación que sean factibles. «No se tira ni un solo euro de la contratación», aseguró la edil, quien incidió que la fórmula para redactarlo será la «más óptima» para las arcas municipales.

En cuanto a las peticiones de la oposición de que los propios técnicos municipales asuman la redacción, la edil consideró que hacerlo mediante una opción mixta sería factible, una parte por técnicos y otra contratada, para tratar de agilizar el proceso pero que no se descarta ninguna otra.