El programa de rastreo de viviendas irregulares que el Ministerio de Hacienda está ejecutando desde hace dos años en todo el territorio nacional podría afectar a más de 315.000 viviendas dispersas en la Comunidad Valenciana. Las intenciones del departamento dirigido por Cristóbal Montoro pasan por identificar a los dueños que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por residencias que no están reguladas u obligar a los titulares de inmuebles reformados o ampliados a que paguen los tributos que les corresponden por ley.
La conocida como amnistía a las viviendas ilegales fue anunciada a finales de 2012. Desde entonces, siempre ha sido muy difícil cuantificar el alcance del programa. Hasta ahora. Un artículo titulado Líneas Estratégicas del Catastro, que firma Belén Navarro, actual directora del organismo, en el último número de su revista oficial arroja mucha luz al tema.
Navarro reconoce que el auge de la burbuja inmobiliaria causó «un aumento del 35%» en el parque inmobiliario español y que dicho crecimiento «no solo se tradujo en nuevos inmuebles, sino también tuvo su reflejo en nuevas construcciones, ampliación de construcciones existentes, rehabilitaciones y reformas no siempre declaradas de forma correcta».
Así, tras un plan de revisión de cuatro años de duración iniciado en el año 2008, desde el Catastro concluyen que «en 2012 entre el 3% y el 10% de los inmuebles de cada municipio podrían estar afectados por una omisión».
Las estimaciones oficiales del Ministerio de Fomento cifran en más de 3,1 millones de inmuebles el parque de viviendas de la Comunidad en 2012. Tomando dicho índice como referencia, habría un mínimo de 94.729 y un máximo de 315.765 construcciones y ampliaciones sin declarar, según la extrapolación de los datos facilitados en la publicación especializada.
La cifra más alta se enlaza con las aproximaciones que los grupos ecologistas ya realizaron cuando el Ejecutivo central anunció sus intenciones hablaron de más de 300.000 viviendas afectadas.
Cuando el PP anunció la iniciativa en el Congreso de los Diputados, la presentó como una actualización del Catastro, que se ejecutaría con el pago de un importe de 60 euros para regularizar las construcciones, junto con el desembolso de los impuestos no sufragados.
Si los dueños de las más de 315.000 viviendas ubicadas en la Comunidad Valenciana afrontaran dicho gasto, la suma que recaudarían las administraciones sería de más de 18 millones de euros. Una cifra nada desdeñable en un contexto aún marcado por la crisis y el recorte de partidas públicas.
A su vez, Belén Navarro va más allá y no duda a la hora de destacar que «el incremento del grado de actualización de la información catastral como elemento de lucha contra el fraude es una de las líneas seguidas a lo largo de estos últimos años». Anuncia, además, que el programa se aplicará en la totalidad de los ayuntamientos españoles (7.585) con la inspección de 38 millones de inmuebles urbanos y 40 millones de parcelas rústicas.
