El titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ha llamado a declarar como testigo a una funcionaria de la Generalitat que apreció obstáculos para aprobar el Plan Rabasa después de que el pleno del Ayuntamiento diese su visto bueno a este proyecto, que preveía edificar unas 13.000 viviendas e implantar un centro comercial de la multinacional sueca Ikea en este barrio alicantino.
Esta técnica, adscrita a la dirección territorial de la antigua Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, comparecerá ante el magistrado el próximo 6 de febrero, el mismo día que prestará declaración un nuevo imputado en esta pieza separada del 'caso Brugal', el jefe de servicio de la Concejalía de Urbanismo de Alicante, José Luis Ortuño, según fuentes jurídicas.
Según se desprende de la denuncia presentada por EU en octubre de 2012 y que motivó la reapertura de estas diligencias judiciales, la citada testigo apreció en su día que la documentación del Plan Rabasa adolecía de un "plano acústico", "lo que supondría un nuevo escollo" para los intereses del empresario Enrique Ortiz.
El pleno del Ayuntamiento de Alicante había aprobado con los votos del PP la homologación y el plan parcial de esta unidad de ejecución en el sector de Rabasa en su sesión del 5 de diciembre de 2008. Según los denunciantes, ante el "contratiempo" encontrado en la actitud de la funcionaria, Ortiz desplegó "de nuevo su red de influencias".
Así, "con la mediación del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, y el entonces director de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en la provincia de Alicante, Enrique Peiró", el impulsor del plan urbanístico logró desbloquear la situación, relataba en su denuncia EU, que ejerce la acusación popular en la causa junto al PSPV-PSOE.
DECLARACIÓN DE CASTEDO
El juez Cerón interrogó el pasado viernes como imputada por delitos de tráfico de influencias y prevaricación a la exalcaldesa Sonia Castedo, quien defendió la legalidad de su actuación en este caso, rechazó que hubiera favorecido los intereses del también imputado Enrique Ortiz y negó que mantuviera con éste una "relación íntima" pese a que las familias de ambos han compartido viajes y cenas.
Los siguientes imputados en prestar declaración serán Sanus y la jefa del servicio jurídico de la Concejalía de Urbanismo, Isabel Campos, el próximo 29 de enero, mientras que la comparecencia de Ortiz ha sido fijada un día después, el 30. Por último, Ortuño será interrogado como sospechoso de prevaricación y tráfico de influencias el 6 de febrero, la misma fecha que el magistrado ha reservado para la testifical de la funcionaria de la Generalitat.
El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha solicitado por su parte la declaración como imputado de otro de los denunciados, Enrique Peiró, y se ha mostrado a favor de archivar la causa para Francisco Javier Criado, quien fuera director general de Carreteras del Ministerio de Fomento con el Gobierno central anterior, según fuentes próximas al caso.
La denuncia original de EU por estos hechos también se dirigía contra el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la ex secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente María Ángeles Ureña, que actualmente preside la Confederación Hidrográfica del Júcar. Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Alicante sobreseyó provisionalmente las actuaciones con respecto a ambos el pasado año.
