El Consell de Alberto Fabra consiguió cambiar el paso económico en 2013 y volvió a recuperar el pulso económico, aunque sea levemente, según se desprende del nivel de contratación. La Generalitat licitó 629 contratos de obras y servicios durante 2013, comprometiendo un total de 895,1 millones, que es más que en los dos años anteriores juntos.

Sin embargo, pese a conseguir superar la parálisis en contratación pública, las viejas costumbres siguen vigentes. Tal como revela el informe de la Sindicatura de Comptes relativo a 2013, el 88 % de los contratos de la administración autonómica contienen algún tipo de incidencia administrativa en las distintas fases del proceso: desde la preparación del contrato, selección del contratista, adjudicación hasta el cumplimiento de las obras y servicios.

Así se desprende de la fiscalización de la Administración relativa a 2013 realizada por la Sindicatura de Comptes. El auditor estudió un total de 33 expedientes de los contratos, una muestra considerable que supone el 5,2% de los contratos realizados y más del 55% del importe total adjudicado.

En veintinueve de esos contratos fiscalizados de diferentes consellerias el síndic ha encontrado algún defecto o incidencia, como que no conste la justificación de necesidad o idoneidad del contrato; que las resoluciones de adjudicación no estén motivadas ni adecuan su contenido al previsto legalmente; la revisión de precios no cumple lo establecido en la ley de contratos del sector público, o la documentación del contratista es incompleta, incorrecta o fuera de plazo.

Además de estas incidencias consideradas menores por la Sindicatura de Comptes, el fiscalizador señala irregularidades más relevantes en la muestra estudiada. Como, por ejemplo, contratos tramitados de emergencia, en lugar de por procedimiento ordinario, pero que en realidad se ejecutan con retraso; o concursos sin informes previo de la abogacía.

La Sindicatura revisa también contratos menores, que son los de menor cuantía y se realizan sin publicidad y con una tramitación sencilla. En estos casos, el resultado es una severa reprimenda, al advertir el síndic que, en el caso de tres hospitales fiscalizados, la mayor parte de los contratos menores correspondientes a gastos de funcionamiento se han pagado de la caja fija, y por importe superior a los 12.020 euros que marca la ley que regula estas cajas.

El síndic también analiza contratos menores de las consellerias de Infraestructuras y Bienestar Social, detectando que algunos expedientes no contenían la factura del gasto ni se justifican los criterios seguidos para escoger al contratista ni se solicitan varios presupuestos.

La Sindicatura también denuncia que todos los contratos menores de Bienestar Social se destinan a tareas que deberían realizar sus propios funcionarios «y que además se contratan recurrentemente todos los años». El importe de todos ellos es el tope legal para evitar el concurso.

Además de estos contratos, la Sindicatura ha estudiado el uso realizado en 2013 por la conselleria de Presidencia de la caja fija, que es de donde salieron precisamente algunos gastos revelados por el «topo» del Palau. Los anticipos de caja fija están previstos para atender de forma inmediata, fuera del presupuesto y sin control previo, determinados gastos periódicos o repetitivos, como dietas o desplazamientos. Primero se paga y luego se lleva la factura.

En este caso, el síndic revela que que de los 25 gastos estudiados, en 14 de ellos no consta la aprobación del gasto y en 5 no hay evidencia de que la factura haya sido comprobada. Así como entregas en metálico con el carácter de gasto a justificar, algo no permitido por la ley. Cabe recordar que el TSJ ha obligado recientemente al Consell a difundir las facturas pagadas de este modo desde la época de Camps.

Rubio: «¿Y la línea roja de Fabra?»

El portavoz adjunto del PSPV, Rafael Rubio, afirmó que el síndic «enmienda la plana al señor Fabra en la contratación». «Tiene que ser transparente y ajustada a la legalidad y aquí vemos que casi en el 90 % de casos se hace mal. Las líneas rojas no solo son para el que mete la mano, también para los procesos de contratación. ¿Y la línea roja? Esto nos alarma. La manera de gestionar se parece más a la de un terrateniente que a un dirigente democrático. No nos sorprende, por tanto, que la trama Gürtel acampara en Valencia cuando vemos tal numero de anomalías».