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La mitad de los municipios se expone a sanciones de Hacienda por pagar a sus proveedores fuera del plazo legal

Un total de 72 ayuntamientos y cuatro mancomunidades de la provincia tardan más de 30 días en abonar sus facturas

LOS DATOS Fuente: Ministerio de Hacienda. *A la cifra de los días se le han añadido 30 días más, como solicita Bruselas

Los ayuntamientos alicantinos han ajustado el gasto durante los últimos años, han rebajado de manera sensible su déficit y han conseguido esquivar ya, al menos la mayoría, los principales peligros de la crisis. Sin embargo, más de la mitad de los consistorios de la provincia continúan pagando hoy a sus proveedores fuera del plazo que fija la ley. 72 de los 141 municipios y cuatro mancomunidades están abonando sus facturas a más de 30 días, de acuerdo con los datos que acaba de difundir el Ministerio de Hacienda. Entre los incumplidores figuran poblaciones de distinto tamaño. Grandes, como Elche Torrevieja u Orihuela; medianas, como Sant Joan d'Alacant, Calp o Dénia; y pequeñas, como Benilloba o Benimantell. Estas dos últimas, por cierto, tardan más de 130 días en formalizar los pagos.

Las estadísticas difundidas por el departamento que dirige Cristóbal Montoro revelan las dificultades de las entidades locales alicantinas para pagar en tiempo y forma. Los datos, disponibles en la web del Ministerio, llegan maquillados al usuario final. En la columna en la que se recoge el periodo medio de pago, Hacienda ofrece dos tipos de guarismos. Unos entre paréntesis, que vienen a decir que ese ayuntamiento paga antes del plazo legal marcado; y otro en positivo para aquellos consistorios que lo hacen fuera del periodo estipulado. A cada una de estas últimas cifras, además, se le deben añadir 30 días más, tal y como explican tanto desde la Diputación como desde la Conselleria de Hacienda. ¿Por qué? Porque una vez que se emite la factura, el Ministerio da un periodo de gracia de 30 días a las administraciones. El contador entra en funcionamiento rebasado ese tiempo.

En resumen: según el Gobierno, Elche abona sus facturas a 5,76 días. Pero si a esa cifra se le añaden los 30 días, la ciudad ilicitana ya supera el plazo máximo de pago. La diferencia estriba en la disparidad de criterio entre el Ejecutivo central y la Unión Europea (UE). Bruselas aprobó una directiva para reducir la morosidad y obligó a todos los estados miembros a cumplirla. Esa norma era clara: había que pagar antes de 30 días desde la entrega de la mercancía. En España, sin embargo, se empieza a contar 30 días después de la emisión de la factura.

Los incumplidores se exponen además a sanciones. El Plan de Erradicación de la Morosidad faculta al Gobierno a retener dinero a las entidades locales, aunque en último extremo, para abonar él directamente las facturas. El Ejecutivo les descontaría a los municipios la parte proporcional de las entregas a cuenta y destinaría esos fondos a los proveedores.

Los cumplidores

No todos los ayuntamientos alicantinos son incumplidores. Casi la mitad sí saldan sus facturas antes de que expire el plazo marcado. Entre los que se rigen por el régimen de cesión (los más grandes y las diputaciones), la ciudad de Alicante es la que antes paga. Lo hace en un término medio de 12,65 días, gracias sobre todo a las ayudas del Gobierno. Ninguna otra población española con ese régimen presenta un registro así.

Los datos de la Diputación, por su lado, evidencian su buena salud financiera. Tanto la institución en sí como sus organismos autónomos pagan dentro de plazo, salvo el Instituto de Ecología Litoral y el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca.

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