Los jueces están condenado a la Generalitat Valenciana a abonar los cheques vivienda que adeuda desde 2009 y a hacer frente al pago de las costas judiciales. Más de 50.000 familias valencianas que recibieron algún tipo de prestación para acceder a una casa están a la espera de que la Administración autonómica afronte la deuda, que supera los 240 millones. La Abogacía de la Generalitat alega en los procedimientos abiertos que el Consell carece de fondos por los recortes presupuestarios, pero los magistrados están siendo implacables. Las condenas incluyen el pago de los intereses y las costas del proceso, que varían entre 375 y 1.500 euros. Fuentes de la Ciudad de la Justicia explicaron a este diario que la Generalitat no puede recurrir contra la decisión de los jueces de lo Contencioso Administrativo porque la cuantía de cada deuda no supera los 30.000 euros.
El Consell anunció en julio que iba a saldar parte de los impagos con el Fondo de Liquidez Autonómico -FLA- o con el plan de pago a proveedores, pero incumplió su promesa. Unos 400 afectados se han cansado de las promesas del Ejecutivo y han comenzado a presentar demandas contencioso administrativas en los juzgados. La respuesta de los magistrados es unánime al reconocer el derecho que tienen los beneficiarios a percibir de forma inmediata el dinero que les debe la Administración autonómica.
La abogada Isabel Maraver acaba de ganar el último caso en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valencia. La demandante alegó que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo le reconoció el 15 de enero de 2010 su derecho a percibir un cheque de ayuda de acceso a la vivienda por valor de 8.300 euros que todavía no ha podido cobrar. La familia beneficiaria de la prestación reclamó el cheque en los años 2011 y 2012, y la Administración respondió que procedería a su pago «cuando dispusiera de crédito presupuestario». La Generalitat reconoció la deuda en el juzgado, pero insistió en que no disponía de dinero para saldarla, según recoge la sentencia.
La juez recuerda en el fallo que los afectados pueden interponer el recurso contencioso si la Administración no les abona el dinero en el plazo de un mes. La magistrada da la razón a la familia, condena al Consell a hacer frente a los intereses desde hace cuatro años y a abonar 375 euros de costas judiciales. En algunos casos los cheque vivienda impagados por la Administración autonómica superan los 12.000 euros. El impago también ha afectado a empresas constructoras, que vendían las casas y descontaban del precio a abonar por los compradores el importe de la ayuda de la Generalitat Valenciana. Los promotores también llevan cinco años esperando a que la Administración les pague.
Los jueces de lo Contencioso-Administrativo, según confirmaron fuentes jurídicas, también están condenando a la Generalitat Valenciana a abonar con intereses y costas por los impagos de los prestamos subvencionados para el acceso a la vivienda. Además, el Consell está tratando de no prorrogar las subvenciones de los préstamos. «Son ayudas que se concedían por un plazo de diez años, pero que se tenían que renovar a los cinco», explicaron fuentes judiciales.
Los afectados
Los grandes municipios valencianos concentran la mayoría de los impagos del cheque vivienda de la Generalitat. En Elche hay 1.262 familias que esperan el cobro, en Alicante 857, en Paterna 542, en Alcoy 430, en Alaquàs 335, en Torrent 333 y en Castellón 330.
