¿La ciudad necesita una ordenanza de Conservación de Inmuebles?
Todos los ayuntamientos tienen que tenerla. Es una buena ordenanza porque sigue las directrices de la legislación estatal y está a la altura de otras, como las de Madrid, Barcelona, Almería o Málaga. De esta forma, se regula el Informe de Evaluación de Edificios, que incluye criterios de accesibilidad y eficiencia energética. La legislación da unas directrices, pero luego hay que adaptarlas.
Los inmuebles de más de 75 años deben obtener esa acreditación antes de que acabe 2015, ¿cree que podrían superar esos requisitos en materia de accesibilidad o eficiencia energética?
Es complicado. No obstante, hay que tener en cuenta que, una vez realizado el informe, hay obligación de subsanar todo aquello que pueda afectar a la seguridad de las personas, pero las cuestiones sobre accesibilidad o eficiencia energética son de índole informativo y no implican, por tanto, la realización de obras.
El Ayuntamiento calcula que hay unas 100.000 viviendas de más de 50 años que deberán pasar esta revisión en los próximos cinco años. Teniendo en cuenta la situación económica de muchas familias, ¿considera que las exigencias deberían acompañarse de ayudas?
Todo lo que sea un coste añadido para los vecinos cuesta afrontarlo. Es en la falta de ayudas, tanto para la elaboración de los informes como para las obras que se deriven de ellos, donde radica la queja tanto de los vecinos como de la parte técnica en la que nos incluimos. El Gobierno central es el que subvencionar estas actuaciones y transferir fondos al Ayuntamiento.
¿Esa carencia es un impedimento para el desarrollo de la ordenanza?
Hay que poner mecanismos para que los vecinos puedan afrontar las obras. Si un inmueble presenta riesgos de seguridad, el principal interesado en subsanarlos es el vecino, pero necesita ayuda para ello. La administración no sólo debe exigir, también debe poner medios para que se cumplan las exigencias. Es decir, ayudas. Si no, la ordenanza presentará problemas insalvables. La legislación exige, pero no pone medios.
La normativa municipal escalona los plazos para que las viviendas antiguas pasen esta inspección ¿es una ventaja?
Hay un margen de maniobra. Es una interpretación más flexible, muy parecida a la de otros municipios. Cuanto mayores sean los plazos, mejor. No obstante, hay que tener en cuenta que puede haber riesgos en alguna edificación y que, si el ayuntamiento no actúa y se produce un accidente, se le podría recriminar el no haber actuado. Hay una doble cara de los problemas.
El Ayuntamiento exige a los propietarios que mantengan en buenas condiciones sus viviendas mientras el patrimonio municipal, como el propio consistorio, está cada vez más deteriorado. ¿Debería predicar con el ejemplo?
Es necesario que las ciudades cuiden su patrimonio. Los ayuntamientos tienen que exigir, pero ser coherentes y cuidar su patrimonio. Debe exigir que se cumpla la ley, pero aplicarse también los mismos criterios a la hora de proteger el patrimonio.
