Otra prueba más de la dureza con que la crisis económica ha azotado al tejido empresarial de la provincia y del conjunto de la Comunidad Valenciana. La caída de la actividad y, sobre todo, el desplome del consumo interno del que dependen la gran mayoría de los negocios de la zona llevó a nada menos que el 61,5% de las mercantiles de la autonomía a declarar pérdidas durante el año 2012, el último con datos cerrados, según la información que las propias firmas facilitaron a la Agencia Tributaria para calcular su cuota del Impuesto de Sociedades.
De esta forma, por segundo año consecutivo, el resultado conjunto del sector empresarial valenciano se situó en cifras negativas, con unas pérdidas acumuladas de 15.897 millones de euros, casi 5.500 millones más que en 2011. Esta cifra es el resultado de restar los 22.229 millones de números rojos que sumaron los 98.859 negocios que presentaron pérdidas, a los 6.331 millones que ganaron las 61.763 mercantiles que lograron cerrar el año en positivo.
Atrás quedaron los años en que esta misma operación arrojaba generosos beneficios, como los 5.282 millones de ganancias conjuntas declaradas en 2004, los 7.204 millones de 2005 o los casi 9.300 de 2006, el récord hasta la fecha.
Una realidad aún peor
Pese a la contundencia de la cifra, el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro, cree que la realidad puede ser aún más dura y que el porcentaje de negocios que pierden dinero puede ser superior al citado 61,5%. «La crisis ha sido y sigue siendo brutal pero muchas compañías hacen lo imposible para evitar oficialmente las pérdidas porque saben que eso les va a complicar más tarde el acceso al crédito, que ya está bastante complicado», asegura el representante de las pequeñas empresas.
A este respecto, la información facilitada a Hacienda también deja claro el importante problema de endeudamiento que arrastran buena parte de las compañías y que se encuentra, como causa principal, detrás de gran parte de las quiebras ocurridas durante los últimos años, incluso por delante de la falta de ventas. Así, la deuda total a corto y largo plazo del conjunto de sociedades de la Comunidad todavía se situaba en 2012 en 89.692 millones de euros y eso a pesar de que se había reducido más de un 26% desde el máximo que marcó en el año 2008, cuando los créditos pendientes de pago ascendían a 121.970 millones.
Como era de prever, casi la mitad de esa cantidad -cerca de 43.000 millones- corresponde a la deuda que todavía arrastran muchas constructoras y promotoras, pese a las numerosas daciones en pago y quitas que se han aprobado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es este sector, también, el que acumula los mayores número rojos en la autonomía, con un resultado conjunto de 8.865 millones de euros en negativo. Apenas el 31% de las firmas del ramo se libra de las pérdidas y eso gracias a que en esta clasificación también se incluyen las empresas de ingeniería o las de trabajos de mantenimiento.
Tras el ladrillo, el sector financiero y de seguros es el que acumula el mayor agujero, tras la quiebra de las cajas autóctonas, con 4.545 millones.
Tan sólo continúan presentando resultados positivos la industria extractiva, el comercio y los servicios sociales, que incluyen al sector sanitario y al educativo.
Patrimonio personal
Frente a estas pérdidas, que además en muchos casos se ha convertido en recurrentes año tras año desde el inicio de la recesión, la mayoría de empresarios se ha visto obligado a recurrir a su patrimonio personal para recapitalizar el negocio, según explica el presidente de Cepyme, convencido de que también este año, a pesar de la aparente mejora, serán mayoría las mercantiles que volverán a cerrar el año con más gastos que ingresos.
Frente a esto, otra de las estrategias ha sido aplazar el pago de impuestos hasta el punto de que, en el citado ejercicio, las empresas de la Comunidad ya debían más de 1.700 millones a Hacienda. También muchas compañías demoran todo lo que pueden el abono de las facturas pendientes: las deudas con proveedores rondan los 39.000 millones.
A pesar de todo ello, también son muchas las empresas que no consiguen superar la situación y que acaban cerrando. Así el número de sociedades obligadas a declarar en la Comunidad Valenciana se ha reducido en casi 7.000 desde el año 2007, según la Agencia Tributaria, y la caída aún no se ha detenido.
