El PSOE en el Ayuntamiento de Alicante reclama la revisión de la Carta de Buenas Prácticas de la Administración Autonómica y Local de la Comunidad Valenciana que suscribieron, en enero de 2008, el entonces conseller de Ciudadanía, Rafael Blasco (condenado por el fraude de las ONG), el que fuera presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (imputado en caso Brugal), el expresidente de la Diputación de Castellón (a punto de entrar en prisión por fraude), el de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus y la expresidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Elena Bastidas.

Se trata de un protocolo al que se adhirió el Ayuntamiento de Alicante y que surgió, como reza el documento, con ánimo de expresar «el compromiso» del Consell y las administraciones locales con la ciudadanía. Entre los acuerdos de la carta de buenas prácticas se recoge un «compromiso ético, que garantice que el interés público se sitúa por encima del interés privado». En el texto también se detalla, como uno de los acuerdo, el garantizar «una utilización prudente y productiva de los fondos públicos» y la necesidad «ejercer un gobierno guiado por los principios de la transparencia y el compromiso ético que nos conduzca a una gestión financiera justa y equitativa, orientada a la consecución del bienestar de la ciudadanía».

Un declaración de compromisos y buenas prácticas que, según el portavoz municipal del PSOE, Miguel Ull, «ni se ha llevado a cabo» ni tiene legitimidad «teniendo en cuenta quienes la elaboraron». Ull sostiene que se trata de un documento «desautorizado» por el hecho de que políticos imputados o condenados, como Blasco, Carlos Fabra o Ripoll lideraran su elaboración. Ull entiende que el texto «es aprovechable», pero considera que «habría que revisarlo para que la comisión que integre la nueva redacción tenga legitimidad para ello y ofrezca garantías de que se van a cumplir los acuerdos».