La Fiscalía de Alicante endurecerá la persecución de los delitos por impago de pensiones a los hijos y pedirá la colaboración policial para investigar al cónyuge denunciado en los casos en los que existan sospechas de que no se abona la manutención pese a percibirse ingresos en dinero negro.
Se trata de una de las medidas que está estudiando el Ministerio Público para perseguir el delito de impago de pensiones tras detectarse un alto porcentaje de sentencias absolutorias por estos casos, según confirmaron fuentes de la Fiscalía a este diario, que explicaron que la situación se abordará en una próxima junta de fiscales ya que la situación es «llamativa».
El fiscal encargado de cada causa por impago de pensiones podrá instar al juzgado a solicitar la colaboración policial para ratificar los movimientos del cónyuge denunciado que alega no tener ingresos con el fin de corroborar su nivel de vida o comprobar si desempeña alguna actividad laboral. Las citadas fuentes señalaron que con la colaboración de la parte denunciante -la mujer, en la mayoría de casos, por tener la custodia del menor- se pueden corroborar estos datos, «especialmente en poblaciones pequeñas donde todo el mundo se conoce, sabe qué coche llevas, dónde vives y si trabajas en algo».
De momento el asunto ya se ha abordado en una reunión con los fiscales coordinadores a la espera de que las medidas sean ampliadas en una junta de fiscales. El fin es, según las citadas fuentes, hacer aflorar los casos en los que el cónyuge que se declara insolvente para no pagar la manutención percibe ingresos de la economía sumergida.
El criterio que quiere implantar el Ministerio Público es el de no considerar suficiente la argumentación de que no se paga porque no se cobra. En ese sentido, el fiscal podría solicitar la colaboración de la Policía Local, por ejemplo, para indagar sobre los posibles ingresos del denunciado.
El porcentaje de sentencias absolutorias, según confirmaron jueces de lo Penal y representantes de la Fiscalía de Alicante, está siendo «muy alto», aunque las cifras detalladas al respecto no están computadas. Tantos magistrados como fiscales aseguran que hay muchos casos de insolvencia por la crisis, pero que hay otros donde puede intuirse que el acusado cobra por otro lado. «Ante la duda y con los datos que tenemos delante, si no hay partida de ingresos, nosotros tenemos que absolver», señala el titular del juzgado de lo Penal número 2 de Alicante, Miguel Herrero. Este magistrado destaca que la crisis ha llevado a muchos hombres a sentarse en el banquillo por impago de pensiones porque realmente se han quedado sin ingresos, pero admite que hay casos en los que una mayor investigación evitaría el alto porcentaje de absoluciones.
Desde los juzgados de Familia de Alicante una de sus juezas explica que la investigación policial ligada a los casos de impago de pensiones acabaría con la picaresca que puede intuirse en algunos procesos de divorcio, donde no hay documentos que acrediten ingresos suficientes «pero sí chalets, coches lujosos y grandes fiestas». Esta magistrada aplaude la persecución del delito con la colaboración policial, «ya que es aplicar la investigación judicial como ocurre en cualquier tipo de delito. Si te roban y denuncias la Policía investiga. Pues esto debe ser igual», opina. Añade que desde los juzgados de Familia se está dando parte a la inspección de Trabajo en aquellos casos en los que hay indicios de que el cónyuge sobre quien recae el pago de la pensión esté cobrando en B. «De hecho, aquí luego se ha corroborado que se les ha sancionado porque se comprobó que había otros ingresos», indica esta magistrada.
Coyuntura económica
Los juzgados de Familia de Alicante han triplicado en cinco años las solicitudes de padres separados o divorciados para modificar las cuantías de la pensión, según fuentes judiciales. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revelan que ya en 2012 se tramitaron 4.500 peticiones de modificación de pensión a los hijos en toda la Comunidad Valenciana.
La alegación fundamental con la que los padres acuden a pedir una rebaja de la pensión es la pérdida de poder adquisitivo por la crisis o el paro. En el convenio regulador se impone una cuantía mínima por manutención -el llamado mínimo vital y que en el caso de Alicante es de 180 euros- aunque el cónyuge con obligación de pasar la pensión esté en paro, cobrando el subsidio por desempleo o sin nada. «Tenemos la obligación de imponer un mínimo aunque no existan ingresos», explica la jueza de Familia de Alicante Maria Luisa Carrascosa.
