El Patronato de la Vivienda acordó ayer, con los votos a favor del PP y UPyD la adjudicación de los servicios de intermediación para poner en contacto a propietarios de viviendas con familias que buscan un alquiler social. PSOE y EU se opusieron a estas adjudicaciones, que suman cerca de 400.000 euros para dos años, al entender que se trata de una privatización de la gestión.