El equipo de gobierno local del PP aprobó ayer, con toda la oposición, la declaración institucional de UPyD en contra de la presencia de imputados en las listas electorales de 2015. La alcaldesa, doblemente imputada por presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General y del Plan Rabasa, acató así la línea roja marcada por el PP para evitar una ruptura del voto entre sus ediles que dejaría en evidencia los apoyos con los que cuenta y así evitar una sanción del partido. Lo hizo, eso sí, sin escenificar la votación y sin que ninguno de los ediles de su grupo interviniera, lo que acortó el debate al no dar paso al turno de réplica.

Fue el último punto del pleno y el que más expectación generó entre los numerosos medios de comuniciación provinciales y nacionales que cubrieron la sesión que, una vez más, no estuvo exenta de tensión y que discurrió entre una gran presencia policial tanto dentro como fuera del Ayuntamiento de Alicante por la previsión de que pudiera haber protestas pese a no haber ninguna autorizada. No hubo cacerolada como tal al estar prohibida por la Subdelegación del Gobierno, pero una veintena de miembros de la Plataforma por la Dimisión de Sonia Castedo se reunió en un velador de la plaza del Ayuntamiento, con carteles de «Castedo Dimisión», para dar allí una rueda de prensa denunciando el veto a su concentración. Una consigna que también se dejó oír en el salón de plenos por parte de una mujer que fue desalojada por la policía.

Uno de los momentos más tensos fue cuando el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, defendió su ruego pidiendo que la alcaldesa dimita de su cargo y renuncie a su acta de concejala para que la sustituya otro edil del PP. Pavón se dirigió a Castedo como «imputadísima y atrincheradísima» alcaldesa. En su intervención espetó a la regidora que es «una muerta viviente, una alcaldesa zombi que deambula por el Ayuntamiento como un alma en pena y que se resiste a aceptar la crónica de una dimisión anunciada». Pavón, quien se refirió a la primer edil como «Sonia castigo», pidió a los ediles populares que aceptaran su ruego y que si la marcha de Castedo «no se produce de forma voluntaria, al menos expúlsenla del partido y presenten una moción de censura contra ella».

Castedo replicó. Primero preguntó al edil de EU: «¿Por qué tiene tanta prisa últimamente y se han radicalizado? ¿Hay algún motivo, señor Pavón? ¿Temen algo?». Acto seguido se refirió al ruego aseverando que lo estudiará y respondió a sus provocaciones asegurando que «la muerta viviente huele mejor que usted». La intervención de Castedo arrancó algunos aplausos de sus seguidores entre el público.

Minutos antes de las tres de la tarde llegaba el debate de la declaración institucional de UPyD, proponiendo instar a los partidos políticos con representación municipal a no incorporar imputados por corrupción o terrorismo en sus listas electorales. A esos delitos se sumaron otros, como los de odio, violencia de género o contra la libertad de expresión, a propuesta de EU y con el visto bueno de todos los grupos. Tras la intervención de los grupos de la oposición en este punto, el último del pleno, la alcaldesa se dispuso a poner fin a la sesión mostrando el pésame del pleno por la muerte del torero José María Manzanares. Ante el desconcierto que generó el hecho de que no se hubiera producido la esperada votación a mano alzada de la iniciativa de UPyD, la edil aclaró: «He dicho que era por unanimidad», por lo que consideró innecesario que se votara a mano alzada. «Así que, sin nada más que añadir, se levanta la sesión», concluyó.

Lo ocurrido generó malestar entre los grupos de la oposición, como el portavoz de UPyD, Fernando Llopis, quien al término de la sesión consideró que «el PP no se atreve a levantar las manos y a ser inflexible con los imputados». Una contundencia que Llopis reclamó durante su intervención. «Es el momento de exigir medidas ejemplarizantes y no nos valen las suspensiones de militancia», dijo el edil de UPyD, quien apuntó la existencia de casos de corrupción que han salpicado a miembros del PP, PSOE y EU, y aludió directamente al caso Brugal, en el que se encuentra imputada la alcaldesa dentro de la pieza sobre el presunto amaño del Plan General, para asegurar que ante «el panorama desolador» resulta «imprescindible que Alicante dé una imagen de ciudad implicada en la lucha contra la corrupción y de limpieza en las listas electorales».

Por su parte, el concejal de EU Daniel Simón agregó que «la corrupción genera cadáveres políticos» y consideró que «la fiesta se ha acabado y con ella la impunidad, gracias a la acción de la ciudadanía en la calle». Por último, el portavoz del PSOE, Miguel Ull, calificó la situación de «alarma social» y reclamó «medidas legales para extirpar de raíz la corrupción».