Los responsables de los colegios de la provincia alertaron ayer sobre los malos resultados que ya empiezan a provocar entre el alumnado las clases de 45 minutos -estrenadas este año obligatoriamente únicamente en la Comunidad Valenciana-, frente a las clásicas de una hora de duración.
«No están funcionando. La apreciación es generalizada. Todos llegamos a la misma conclusión porque empezamos a percibir que baja el rendimiento de los alumnos». Ginés Pérez, que ayer volvió a asumir las funciones de portavoz del colectivo de directores de la provincia, tras una votación por unanimidad, destaca que «el rendimiento de los alumnos no es bueno porque las sesiones o clases en realidad se acortan, quedando en apenas media hora. Repercute en el menor tiempo que se destina a la asignatura y en que a los niños les cuesta cambiar de materia en tan poco espacio de tiempo».
Pérez remarca que el problema no lo sufren los profesores, que son los que cambian de aula, sino los alumnos por el aumento de 25 a 30 sesiones, pero de 45 minutos.
A los quebraderos de cabeza que provoca cualquier novedad en un sistema educativo para quienes lo tienen que poner en marcha, léase profesores obligados a incorporar nuevos currículos y evaluaciones para cumplir la nueva Lomce, se suma este año este cambio de horarios en la Comunidad que exige clases de 45 minutos en todos los colegios de Primaria.
«Los que tienen jornada continua se encuentran con la misma situación porque han pasado igualmente de 25 a 30 sesiones o clases, todas de menos duración». Todavía no se ha evaluado a los alumnos para constatar esta revelación de los directores «pero la sensación de que los alumnos rinden menos es generalizada y hay que hacérselo llegar a la conselleria». Sobre todo porque es una conselleria que lleva como bandera la lucha contra un fracaso escolar sobre el que todo apunta a que irá a más, según lo detectado en los colegios apenas estrenada la Lomce.
¿Autonomía?
En los colegios también se preguntan dónde está la tan cacareada autonomía del centro que incluye la nueva ley educativa. «En esta Comunidad, al menos, resulta totalmente incompatible poner en práctica esa autonomía porque las plantillas de profesorado están totalmente cerradas».
Los directores se quejan de que de esta manera no pueden llevar a cabo idearios propios de centro, por ejemplo centrados en la informática, o en el plurilingüismo, porque esta circunstancia no se incluye en el proceso de petición de plazas del profesorado y no pueden ampliar el número de profesionales preparados en una determinada vertiente en la que el centro decide volcarse y sobresalir.
La pérdida, por otra parte, de un maestro generalista en cada uno de los colegios públicos, a consecuencias de los recortes hace un par de años, tampoco favorece disponer de especialistas en determinadas materias que se ven obligados a trabajar como tutores todo terreno, perdiéndose la peculiaridad que cada centro quiera destacar.
Tampoco en cuestión de organización están satisfechos los responsables de los colegios. La propia administración admite que no tienen administrativos para hacer frente a la carga de papeleo y documentos a rellenar que, aseguran los afectados, les ocupa «el 90% de nuestro trabajo total». Educación sostienen que al menos tienen reducción de carga lectiva, pero los directores ponen el acento en que la normativa que se les aplica al respecto data de los años 90, nada que ver con el actual devenir de las aulas.
También la publicación de las convocatorias de becas fue objeto de una reunión de la que los protagonistas salieron decididos a demandar soluciones de todas las formas posibles. «Que sea en la calle dependerá de la administración», señalaron.
Reclaman por tanto que las becas de comedor y transporte se publiquen en enero o febrero, y no en julio, «porque los que damos la cara frente a la inquietud de las familias somos nosotros».
