Una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al sindicato FETE-UGT, obliga a la Conselleria de Educación a negociar la plantilla docente de Formación Profesional que Catalá se saltó con una orden en 2010, recurrida por la citada formación. La medida engloba a 5.000 docentes de 400 Institutos de Secundaria y Guillermo Martí advierte que obliga a Catalá a pactar las normas que afecten al profesorado.