El secretario general del PSOE en Alicante, Gabriel Echávarri, llevará al juzgado a la concejala socialista del Ayuntamiento de Alicante, Ana Paula Cid, por acusarle a través de una red social de ser «cómplice de la corrupción» tras conocerse el informe policial sobre el Plan Rabasa en el que se implica a los exdirigentes socialistas Blas Bernal y Ángel Franco. Echávarri le reclama 18.000 euros de indemnización al considerar que se lesionó su honor y su imagen.
Aunque Echávarri asegura que el acto de conciliación, previo a una querella, lo interpone como persona física y no como secretario general del PSOE, en el escrito presentado ante el juez sí detalla que ocupa este cargo y el de diputado nacional. En ese mismo escrito insta a Cid a retractarse de lo dicho reconociendo «que la acusación se ha hecho con el único propósito de lesionar el honor y/o imagen» de Echávarri, que se muestra dispuesto a retirar la petición de indemnización si así ocurriera el próximo 18 de diciembre.
En el escrito en el que se interpone el acto de conciliación, Echávarri subraya que la concejala de su partido aseguró en su muro de facebook: «Pido la dimisión del secretario general del partido socialista en Alicante Gabriel Echávarri. Le acuso de ser cómplice de corrupción». Según Echávarri, la edil socialista también aseguró que «lamentablemente el partido ha mirado hacia otro lado. Ha reforzado a los corruptos y ha sido implacable contra las personas que denunciaban estos hechos. El PSOE de Alicante es un pozo de mierda».
«Por omisión»
Ana Paula Cid, por su parte, aseguró ayer que no se retracta de lo dicho porque «por omisión también se es cómplice» y recordó que «hace un año y medio más de cincuenta personas pidieron que se abriera un expediente informativo a Ángel Franco por comportamientos poco éticos a raíz de las conversaciones amistosas con Ortiz que salieron a la luz con la investigación de Brugal y Echávarri no hizo nada». En su opinión, «no hubieran ocurrido muchas cosas si las exigencias éticas de los partidos no hubieran sido tan relajadas».
Según el escrito presentado por Echávarri, la concejal y diputada provincial del PSOE «era conocedora de la repercusión mediática» de sus afirmaciones. Según el citado escrito, el «único propósito» era «difamar y lesionar tanto el honor personal como el profesional» de Echávarri y del PSOE, por lo que entiende que pudo incurrir en un delito de injurias o calumnias graves «dada la falsedad radical y absoluta» de las manifestaciones.
