Continúa la batalla por el alquiler de los apartamentos. Tras la denuncia pública que realizaron el pasado fin de semana frente a las presiones de los hoteleros para limitar esta actividad, los promotores han decidido dar un paso más y exigirán al Consell que cambie la ley para garantizar que los particulares puedan seguir arrendando sus viviendas de la playa sin grandes trabas, siempre que paguen sus impuestos. De esta forma pretenden evitar que la actual situación de incertidumbre ante la falta de una regulación específica -que los hoteleros están aprovechando para denunciar su supuesta ilegalidad- acabe perjudicando las ventas de inmuebles, justo en el momento en que el sector da claros síntomas de recuperación. Según los empresarios, muchos compradores cuentan con estos ingresos para mantener sus propiedades.
Para ello, desde la Asociación Provincial de Promotores (Provia) ya han solicitado un encuentro con la consellera de Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, para convencerla de que aproveche la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para modificar la normativa autonómica sobre alojamientos turísticos y blindar los alquileres de particulares.
En concreto, la propuesta que la junta directiva de Provia ha aprobado este mismo martes incluye la creación de una categoría de alojamiento denominada «vivienda de temporada» y que se definiría como «el arrendamiento, a través de cualquier canal de comercialización, de una o más viviendas por parte de personas físicas y jurídicas, siempre que no presten servicios propios de la industria hotelera, tales como limpieza diaria, manutención o transfer». De esta forma se diferenciarían de los «apartamentos turísticos» que sí incluyen este tipo de servicios y que ya están regulados específicamente.
Los promotores plantean, como únicos requisitos, que los propietarios que deseen alquilar sus viviendas deban inscribirlas en un registro público y contar con un seguro de responsabilidad civil. También aceptan la obligación de comunicar la identidad de los ocupantes.
Aunque la legislación valenciana actual ya incluye algunas excepciones para que los particulares puedan alquilar sus propiedades sin tener que cumplir toda la regulación de los alojamientos profesionales, el simple hecho de anunciarse en internet impide acogerse a ellas. Hasta el año pasado, sin embargo, no existía mayor complicación porque la Ley Estatal de Arrendamientos Urbanos sí contemplaba el alquiler de temporada pero con los últimos cambios introducidos se dejó en manos de la comunidades autónomas la regulación de esta figura.
Desde ese momento, el sector hotelero redobló las denuncias sobre la «competencia desleal» que, a su juicio, supone esta práctica tan extendida en la Costa Blanca y otras zonas turísticas, y las patronales del ramo presionan para que las autonomías aprueben legislaciones restrictivas, como ya se ha hecho en Baleares, Barcelona o Madrid.
Negociación fracasada
En el caso de la Comunidad Valenciana, la Generalitat ha intentado dejar pasar el tema y que fueran los empresarios de uno y otro sector los que llegaran a un entendimiento. Sin embargo, las reuniones celebradas hasta la fecha se han saldado con un sonoro fracaso ante los intereses tan divergentes que mantienen las patronales implicadas. Así, los promotores consideran totalmente inasumible la propuesta que puso sobre la mesa la asociación hotelera de Benidorm (Hosbec), la que reúne al mayor número de establecimientos de toda la autonomía.
Entre otras cosas, la organización que preside Toni Mayor exigía que se necesitara una licencia de actividad municipal y que los ayuntamientos pudieran delimitar zonas de exclusión. También pretendían que fuera incompatible el uso habitual de la vivienda con su posterior alquiler durante algunos meses, una práctica muy común entre los residentes europeos de la provincia. Además, exigían que estos apartamentos tuvieran servicio de asistencia las 24 horas y que tuvieran que autorizarlos la comunidad de propietarios.
Todas estas exigencias harían «imposible» en la práctica que un particular pudiera alquilar legalmente su apartamento, según los promotores. Provia critica que la Generalitat no haya tomado ya cartas en el asunto y alerta de que las denuncias públicas de los hoteleros sobre la supuesta ilegalidad de esta práctica ya empieza a preocupar entre las agencias británicas y centroeuropeas que comercializan segundas residencias en la provincia.
