La necesidad fomenta la virtud. Los vecinos de los diferentes municipios de la provincia de Alicante se han convertido en consumidores modelo de agua en España, al utilizar una media de cien litros por habitante y día, la mitad que la media española. Los ciudadanos que viven en las comunidades cantábricas, algunas beneficiarias del trasvase del Ebro, son los mayores consumidores. El dato ha sido puesto esta semana como ejemplo de concienciación del consumo responsable por la directora de la Fundación Aquae, la alicantina Asunción Martínez, que lo reveló en el Congreso Internacional Derecho y Agua, que ayer se clausuró en el Auditorio Provincial (Adda). En concreto, el consumo per cápita en la provincia es de unos 100 litros por habitante y día. La Comunidad Valenciana consume, aproximadamente, un 10% del agua potable que se bebe en España.
Martínez también defendió la necesidad de garantizar que «nadie se quede sin agua» y, en este sentido, recordó que, debido a la crisis económica, algunos ayuntamientos han establecido «tarifas sociales». Martínez participó en la mesa redonda moderada por el presidente de la Audiencia, Vicente Magro.
En cuanto a la situación de la disponibilidad de agua en el mundo, noticias positivas. Pese la carencias entre 1990 y 2012 la cobertura de agua potable ha subido del 76% al 89% de la población mundial (748 millones de personas aún carecen del recurso y casi la mitad están en África subsahariana). En cuanto al saneamiento, en el mismo periodo la cobertura se ha elevado del 49% al 64%, una cifra aún insuficiente porque significa que 2.500 millones de personas siguen sin estos sistemas que evitan enfermedades.
La incógnita del Júcar-Vinalopó
La jornada de ayer contó con la presencia de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña, en el punto de mira de los agricultores alicantinos por las dudas que ha sembrado en torno al futuro del Júcar-Vinalopó y del presidente de la Confederación del Segura, Miguel Ángel Ródenas. Ambos disertaron sobre la importancia de los planes de cuenca, en tanto que son los instrumentos que deben regular la distribución del agua, tanto para la agricultura como para el abastecimiento de la ciudades. Precisamente, ambos documentos han visto la luz este año. El de Júcar, polémico porque ha recortado los derechos de agua de riego de los agricultores del Vinalopó, al reducir el censo de superficie agraria, y el del Tajo, que por primera vez establece por ley la cantidad mensual que se debe trasvasar a la cuenca del Segura.
La presidenta de la Confederación no aclaró si al final habrá fumata blanca y el Gobierno desbloqueará el trasvase Júcar-Vinalopó concediendo los 12 hm3 que anteayer le reclamó la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor. El Ministerio de Agricultura ha cuestionado en las última semanas que el Júcar tenga caudales excedentes para enviar al Vinalopó. El 4 de noviembre hay cita en Madrid y la presidenta Luisa Pastor acompañará a los regantes.
Las ponencias finalizaron ayer a las 15 horas con una cata de aguas que tuvo lugar en el Auditorio Provincial. Todo el dinero que se ha recaudado en concepto de cuotas de inscripción por participar en el Congreso Internacional de Derecho de Agua irán a Unicef, entidad colaboradora con la sección Agua del Colegio de Abogados de Alicante (Icali), impulsor de estas jornadas que han reunido en Alicante a doscientos abogados, docentes y gestores del agua de diferentes zonas del mundo.
