Un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, realizado para el «lobby» empresarial Ineca, advierte de que si persiste el bloqueo del trasvase Júcar-Vinalopó, cerrado desde septiembre y sin visos de volver a trasvasar agua por la supuesta falta de recursos en el Júcar, la provincia podría perder a medio plazo unos 90.000 puestos de trabajo. Empleos, directos e indirectos, que se mantienen gracias a las 50.000 hectáreas de regadío agrícola, hoy sólo la mitad en producción precisamente por la falta recursos. La alternativa al trasvase sigue siendo la extracción de agua a 500 metros de profundidad de unos acuíferos declarados sobreexplotados, cada vez más salinizados y con fecha de caducidad, según alerta el Instituto Interuniversitario de Geografía. Esa es la razón que justificó la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó en el que se han enterrado 400 millones de euros de dinero público.

El director de proyectos de Ineca, Joaquín Melgarejo, explicó ayer a Efe que en un año de fuerte sequía en el campo de Alicante -comarcas del Vinalopó y l´Alacantí-, esos 50 hm3 desde el Júcar son necesarios para mantener la viabilidad de explotaciones principalmente dedicadas a la uva de mesa, frutales de hueso, almendro y hortalizas. La superficie con derecho a riego del Vinalopó se sitúa en torno a las 50.000 hectáreas aunque en realidad únicamente se aprovechan la mitad, unas 25.000, «porque no hay agua suficiente para el resto», subrayó Melgarejo.

El Alto, Medio y Baix Vinalopó afrontan el problema de la falta de agua en superficie y de la sobreexplotación de los acuíferos, cada vez más profundos (entre 400 y 600 metros), cuestión que, además de constituir un serio problema medioambiental, encarece sobremanera la extracción por el mayor gasto energético y empeora la calidad del agua.

Según el informe, el 40% de lo que se saca de los acuíferos se dirige al abastecimiento de la población y el 60% restante a los regadíos. Para paliar esta escasez y los problemas medioambientales fue concebido el trasvase Júcar-Vinalopó, con la toma del agua en Corte de Pallás, única que garantizaba la calidad, con el fin de que el agua pudiera utilizarse tanto para el campo como para el abastecimiento urbano, lo cual aliviaría la situación de los acuíferos. Esta fue la condición, además, que puso la Comisión Europea para subvencionar con 120 millones de euros las obras.

El proyecto fue modificado en 2005 por el Gobierno del PSOE trasladando la toma de Cullera, donde el agua presenta serios problemas de calidad.