La directora general del Catastro defiende el proceso de regularización que lleva a cabo desde hace un año el Gobierno para que todo el mundo pague.

¿Qué persigue el proceso?

Es un procedimiento de comprobación que persigue por encima de todo la justicia tributaria para que todo el mundo pague por los inmuebles que tiene y con ello evitar el fraude en el IBI. Con lo que está aflorando se puede producir una subida sustancial de ingresos y cuanto más antigua sea la última revisión (en la ciudad de Alicante data de 1996) mayor puede ser el grado de actualización.

¿En qué consiste?

Es un trabajo que se prolonga entre seis y ocho meses, con una primera labor de reconocimiento de campo e incluso fotos aéreas del parcelario catastral, y con esto se hace un estudio del que se derivan propuestas que después se notifican a los interesados, pero aún no hemos llegado a esa fase.

¿Es un proceso obligatorio?

La Dirección General no puede hacer la regularización si un ayuntamiento no presenta el suelo urbanizable que tiene. Esos datos no los conoce el catastro.